Los ministros de Interior de la Unión Europea tratarán de cerrar este martes un acuerdo para reubicar a 120.000 demandantes de asilo – en su mayoría sirios y eritreos – , tras un primer intento fallido la semana pasada por la oposición de países del Este como Hungría y República Checa a admitir cualquier compromiso de reparto con carácter obligatorio.

Los embajadores de los Veintiocho negocian desde hace días una fórmula que permita salvar las reservas del llamado grupo de Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa) y las delegaciones han mostrado una mayor “flexibilidad” en las últimas conversaciones, según varias fuentes consultadas.

Uno de los cambios clave es que no se hará referencia expresa a un sistema de reparto obligatorio, sino que se busca el consenso sobre una base legal vinculante para el reparto del total de las plazas de acogida, pero sobre compromisos voluntarios de cada Estado miembro.

La propuesta inicial de la Comisión Europea para este programa de reubicación plantea la acogida de 120.000 inmigrantes con derecho a protección internacional llegados inicialmente a Italia, Grecia y Hungría. Sin embargo, el Gobierno que lidera Víktor Orbán se ha negado de plano a ser considerado país “de primera línea” en la crisis migratoria, sostiene que es un país de tránsito y no admite ser considerado beneficiario del plan de reparto.

Hungría entrará en el reparto

Ello ha obligado en las negociaciones a contar con Hungría como país de acogida, al igual que el resto de Estados miembros, por lo que el acuerdo que se negocia asignará también un cupo de recepción a este país, de acuerdo a fuentes europeas, que no aclaran el nivel de dicho cupo.

De acuerdo al reparto diseñado de partida por la Comisión, España tendría que recibir a 14.931 refugiados, una cifra que el Gobierno ya ha dicho que va a aceptar. La salida de Hungría del grupo de países con refugiados a reubicar en el resto de Estados miembros podría influir en los cupos nacionales, e incluso revisar a la baja las exigencias a España, según fuentes europeas.

Este cambio en las negociaciones, abre una nueva incógnita sobre el destino de los 54.000 refugiados que Bruselas contaba reubicar desde Hungría. Un alto funcionario ha apuntado dos opciones sobre la mesa, bien reasignar a Italia y Grecia estas vacantes, bien crear una suerte de “reserva” en previsión de que algún otro Estado miembro pida acogerse al programa si constata que su capacidad de acogida se ve desbordada.

Si sale adelante la segunda opción, el reparto de las 54.000 plazas de las que no quiere ser beneficiario Hungría se dejará para más adelante y el compromiso de este martes se limitará a la reubicación en dos años de los otros 66.000 inmigrantes, asentados de momento en Italia y Grecia. Si pasados un plazo de 18 meses, ningún Estado miembro pidiera sumarse al plan para ver aliviada la presión migratoria en su territorio, Italia o Grecia podrían recibir el cupo.

Los ministros de Interior de la UE prevén centrar toda la discusión del martes en este mecanismo temporal y dejar de lado el debate sobre la necesidad de un mecanismo permanente y obligatorio, que defiende el Ejecutivo comunitario y que ha complicado las negociaciones a Veintiocho. Esta cuestión y otras como la necesidad de reforzar los controles de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la conveniencia de crear “vías legales de entrada” o aumentar la ayuda a los países que, como Jordania y Turquía, acogen a millones de refugiados son asuntos que abordarán los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre extraordinaria un día después de la cita de los ministros.

El Consejo europeo del miércoles servirá para examinar si es necesario “repensar” la política europea en materia de asilo y refugiados, según señalan fuentes diplomáticas.

Penalizaciones

El plan que presentó el pasado día 9 el presidente de la Comisión, Jean – Claude Juncker, incluía la posibilidad de sancionar a los Estados miembros que no asumieran su parte de solidaridad en el reparto, con una penalización del 0,002 de su PIB.

Esta referencia ha desaparecido del borrador en el curso de las negociaciones, según fuentes europeas, si bien se mantiene la idea de “penalizar” al país que se aparte del programa. Se contempla que un Estado miembro rechace recibir a un 30 por ciento de la cuota que le corresponde, pero deberá notificarlo a la Comisión Europea y justificar la decisión con circunstancias excepcionales como inundaciones o un sistema de acogida sobrepasado.

En cualquier caso, el Estado miembro en cuestión deberá pagar una “compensación” estimada en 6.500 euros por cada refugiado que no acepte reubicar. Desde Bruselas insisten en que no se trata de un sistema que permita a un Estado miembro quedar exento de sus obligaciones, sino que es una opción que se ofrece para casos “realmente exagerados” y que hace “muy difícil” que un Gobierno pueda hacer uso de él.

Otra opción que se baraja para los países con mayores dificultades para acoger a los refugiados es que puedan retrasar el inicio de las acogidas durante un periodo de seis meses, para que puedan solventar la situación excepcional que les dificulta participar en el plan de acogida.