BRUSELAS. Los ministros de Interior de la Unión Europea tratarán de cerrar  este martes un acuerdo para reubicar a 120.000 demandantes de asilo  – – en su mayoría sirios y eritreos – – , tras un primer intento fallido  la semana pasada por la oposición de países del Este como Hungría y  República Checa a admitir cualquier compromiso de reparto con  carácter obligatorio.

Los embajadores de los Veintiocho negocian desde hace días una  fórmula que permita salvar las reservas del llamado grupo de  Visegrado (Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa) y las  delegaciones han mostrado una mayor “flexibilidad” en las últimas  conversaciones, según varias fuentes consultadas.

Uno de los cambios clave es que no se hará referencia expresa a un  sistema de reparto obligatorio, sino que se busca el consenso sobre  una base legal vinculante para el reparto del total de las plazas de  acogida, pero sobre compromisos voluntarios de cada Estado miembro.

La propuesta inicial de la Comisión Europea para este programa de  reubicación plantea la acogida de 120.000 inmigrantes con derecho a  protección internacional llegados inicialmente a Italia, Grecia y  Hungría.

Sin embargo, el Gobierno que lidera Víktor Orbán se ha negado de  plano a ser considerado país “de primera línea” en la crisis  migratoria, sostiene que es un país de tránsito y no admite ser  considerado beneficiario del plan de reparto.

HUNGRIA ENTRARA EN EL REPARTO DE CUPOS

Ello ha obligado en las negociaciones a contar con Hungría como  país de acogida, al igual que el resto de Estados miembros, por lo  que el acuerdo que se negocia asignará también un cupo de recepción a  este país, de acuerdo a fuentes europeas, que no aclaran el nivel de  dicho cupo.

De acuerdo al reparto diseñado de partida por la Comisión, España  tendría que recibir a 14.931 refugiados, una cifra que el Gobierno ya  ha dicho que va a aceptar. La salida de Hungría del grupo de países  con refugiados a reubicar en el resto de Estados miembros podría  influir en los cupos nacionales, e incluso revisar a la baja las  exigencias a España, según fuentes europeas.

Este cambio en las negociaciones, abre una nueva incógnita sobre  el destino de los 54.000 refugiados que Bruselas contaba reubicar  desde Hungría. Un alto funcionario ha apuntado dos opciones sobre la  mesa, bien reasignar a Italia y Grecia estas vacantes, bien crear una  suerte de “reserva” en previsión de que algún otro Estado miembro  pida acogerse al programa si constata que su capacidad de acogida se  ve desbordada.

Si sale adelante la segunda opción, el reparto de las 54.000  plazas de las que no quiere ser beneficiario Hungría se dejará para  más adelante y el compromiso de este martes se limitará a la  reubicación en dos años de los otros 66.000 inmigrantes, asentados de  momento en Italia y Grecia.

Si pasados un plazo de 18 meses, ningún Estado miembro pidiera  sumarse al plan para ver aliviada la presión migratoria en su  territorio, Italia o Grecia podrían recibir el cupo.

Los ministros de Interior de la UE prevén centrar toda la  discusión del martes en este mecanismo temporal y dejar de lado el  debate sobre la necesidad de un mecanismo permanente y obligatorio,  que defiende el Ejecutivo comunitario y que ha complicado las  negociaciones a Veintiocho.

Esta cuestión y otras como la necesidad de reforzar los controles  de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la conveniencia de  crear “vías legales de entrada” o aumentar la ayuda a los países que,  como Jordania y Turquía, acogen a millones de refugiados son asuntos  que abordarán los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre  extraordinaria un día después de la cita de los ministros.

El Consejo europeo del miércoles servirá para examinar si es  necesario “repensar” la política europea en materia de asilo y  refugiados, según señalan fuentes diplomáticas.

PENALIZACION PARA QUIEN NO CUMPLA 

El plan que presentó el pasado día 9 el presidente de la Comisión,  Jean – Claude Juncker, incluía la posibilidad de sancionar a los  Estados miembros que no asumieran su parte de solidaridad en el  reparto, con una penalización del 0,002 de su PIB.

Esta referencia ha desaparecido del borrador en el curso de las  negociaciones, según fuentes europeas, si bien se mantiene la idea de  “penalizar” al país que se aparte del programa. Se contempla que un  Estado miembro rechace recibir a un 30 por ciento de la cuota que le  corresponde, pero deberá notificarlo a la Comisión Europea y  justificar la decisión con circunstancias excepcionales como  inundaciones o un sistema de acogida sobrepasado.

En cualquier caso, el Estado miembro en cuestión deberá pagar una  “compensación” estimada en 6.500 euros por cada refugiado que no  acepte reubicar. Desde Bruselas insisten en que no se trata de un  sistema que permita a un Estado miembro quedar exento de sus  obligaciones, sino que es una opción que se ofrece para casos  “realmente exagerados” y que hace “muy difícil” que un Gobierno pueda  hacer uso de él.

Otra opción que se baraja para los países con mayores dificultades  para acoger a los refugiados es que puedan retrasar el inicio de las  acogidas durante un periodo de seis meses, para que puedan solventar  la situación excepcional que les dificulta participar en el plan de  acogida.