Dos militantes sociales colombianas y una indigena peruana han demandado en el Parlamento de Gasteiz que se denuncien las vulneraciones de Derechos Humanos en sus respectivos países. Los tres llegaron en julio a Euskal Herria dentro del programa de Protección temporal para Defensores de Derechos Humanos.

Los participantes en el programa de Protección temporal para Defensores de Derechos Humanos en la CAV, dos militantes sociales colombianos y una indígena peruana, han reclamado en el Parlamento de Gasteiz el compromiso de las instituciones vascas en la denuncia de las vulneraciones de los Derechos Humanos en sus países de origen. Los tres llegaron en julio, para pasar seis meses en Euskal Herria dentro de dicho programa.

Los activistas colombianos, Doris Rivera y Fabián Torres, junto a la indígena peruana Obdulia Guevara, han comparecido este lunes ante la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Solicitudes ciudadanas de la Cámara, donde han dado a conocer el trabajo que realizan en sus respectivos países para defender los derechos humanos.

En su intervención, Obdulia Guevara, una de las principales impulsoras de la formación del Comité de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Esterilizadas de Huancabamba (CDHMEH), ha denunciado las más de 300 esterilizaciones que se les practicaron a las mujeres de esta localidad durante el régimen de Alberto Fujimori para «evitar que nacieran hijos de la población indígena». Por ello, ha pedido que se denuncie este «exterminio y crimen de lesa humanidad».

Guevara ha recordado los ataques que padecieron por el hecho de ser mujer: «Impusieron un método definitivo, la intervención quirúrgica no voluntaria, violando nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Además, esta esterilización forzada nos dejó graves secuelas en nuestro cuerpo», ha denunciado. Por ello, ha reclamado el apoyo internacional de organizaciones e instituciones como el Parlamento de Gasteiz.

Doris Rivera, de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana ASODEMUC, por su parte, ha hecho referencia al proceso de paz que se está llevando a cabo en Colombia para lamentar que la población civil «no está incluida» en el mismo y ha advertido que el principal problema es la estructura paramilitar existente. Asimismo, ha subrayado que por parte del Gobierno colombiano no hay «una verdadera voluntad política para que haya una verdadera paz con justicia social en Colombia».

El colombiano Fabián Torres, del colectivo Congreso de los Pueblos, ha lamentado que el trabajo que realiza el Gobierno está dirigido a conseguir la paz del conflicto militar, sin tener en cuenta al movimiento social y población civil. «Exigimos un cese al fuego al movimiento social porque a quienes no tenemos las armas y estamos en la calle dando la cara, nos asesinan«, ha señalado.