Amir tardó ocho meses en obtener el estatuto de refugiado. De 38 años, huyó de Siria a mediados del 2011, al inicio de la guerra. “Entonces el conflicto era tan nuevo que nadie nos hacía caso”, balbucea en una mezcla de inglés e italiano que no disimula su tono quejoso. “Estuve muchos meses esperando la respuesta, pero nunca desfallecí porque no me lo podía permitir”, añade atropellando las palabras. Visto con perspectiva, su caso fue excepcional y contrasta con el de muchos solicitantes de asilo originarios de Siria y de otros países en conflicto que, ya en España, esperan y se desesperan por obtener el papel que les reconozca como refugiados.
Amir, artesano de alfombras en Damasco reconvertido a camarero en Barcelona, es consciente de su suerte: los hay que llevan años para obtener el papel que él enseña con satisfacción.
La gestión europea de la crisis de refugiados ha abierto una brecha en los cimientos de la UE y ha puesto en entredicho, una vez más, los valores que se supone que representa el proyecto común. España el país que menos solicitudes recibe de toda la UE se ha colocado en el bloque de los países solidarios, con Alemania a la cabeza, y ha decidido abrir sus puertas –al menos sobre el papel. No obstante, este gesto de confraternidad celebrado en el corazón de Europa dada la postura beligerante de Hungría, Polonia o la República Checa, contrasta con las deficiencias que hay en la gestión de los refugiados.
En teoría, la administración debe responder en un máximo de seis meses a las demandas de asilo. Sin embargo, la resolución de muchos solicitantes de protección internacional languidece en los despachos, como denuncian las oenegés que trabajan con el colectivo. Las entidades consultadas por este diario alertan de que el Gobierno español tiene congeladas muchas por falta de recursos. Y la gran mayoría, dicen, supera la barrera legal del medio año. Las hay que incluso sobrepasan los dos o los tres.

Un proceso paralizado desde 2013
“Actualmente, toda la atención mediática y política está puesta en Siria, pero los solicitantes de asilo no se reducen a ese territorio”, advierte Pascale Coissard, portavoz de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR). De hecho, Mali, Ucrania, Afganistán o Somalia son, además de Siria, los países de origen de donde procede una parte importante de las solicitudes recibidas y los principales damnificados por el retraso.
Coissard insiste en que es necesario hacer un análisis más amplio del fenómeno para no caer en soluciones reduccionistas. “Ahora urge resolver los casos de los solicitantes sirios, pero no podemos olvidar que tenemos bastantes peticiones de demandantes ucranianos paralizadas desde el 2013”, critica.
La misma radiografía hace Acnur. Su portavoz, Rosa Otero, recuerda que las “deficiencias” en la gestión de refugiados no son sobrevenidas por la actual avalancha de peticiones, a pesar de que este verano hayan saltado a los medios en forma de imágenes vergonzosas como las del pequeño Aylan. Más bien es un mal crónico que se ha agudizado con la crisis de estos últimos meses.
“Hay personas en el limbo legal durante años. La espera de una respuesta hace que la vida de esos solicitantes de asilo esté en standy-by, y si, como pasa ahora, el volumen de peticiones aumenta sin hacerlo los recursos, nos encontramos con un problema grave”, relata.
Basta con echar mano de los datos del propio ministerio del Interior para comprobar el aumento de peticiones: hasta el 30 de junio, España recibió 6.202 solicitudes, 268 más de las que se registraron en todo el 2014. Entonces fueron 5.952, de las que se rechazaron 1.155 por no estar bien fundamentadas o por provenir de zonas que no se consideran en conflicto. De todas las que se admitieron, 4.897, quedan aún por revisar 2.033, según las cifras que reconoce el propio ministerio.

Interior admite los retrasos y reconoce que la legislación establece un máximo de seis meses para dar una solución, pero que “en la práctica, estos plazos requieren ser ampliados”. Lo achacan a la complejidad de las solicitudes –“se analizan de manera personalizada”, insisten– y recuerdan que como solicitantes de protección internacional en todas sus modalidades –refugiado, protección subsidiaria y asilo- los demandantes tienen garantizado “el permiso de trabajo, la asistencia médica, el derecho de un abogado o la suspensión de toda orden de extradición”.
Las organizaciones sociales, en cambio, creen que el incumplimiento en los plazos lleva a los solicitantes a una situación de “auténtica vulnerabilidad”, que no soluciona la ayuda que se presta.
Demoras para formalizar la petición
La raíz del desbarajuste burocrático arranca incluso antes de formalizar la solicitud. Coissard afirma que en la subdelegación del Gobierno en Barcelona están dando cita previa para noviembre y diciembre. En este período el solicitante no consta formalmente como tal, ni reduce su tiempo de espera, con lo que al final sobrepasa con bastante facilidad el límite del medio año. Una vez más no se cumplen con los plazos de la normativa, que en este caso viene de Europa.
“La Directiva de Procedimientos de la UE dictamina que en un máximo de seis días se tiene que formalizar la solicitud, pero ahora pasan hasta cuatro meses, con las consecuencias que eso conlleva”, apunta Otero.
En este periplo que va desde que se presenta la solicitud hasta que se da una respuesta, el migrante vive en un centro de acogida –hay dos en Madrid, uno en Sevilla y otro más en Valencia- o en pisos que gestionan las propias oenegés. España dispone de un total de 900 plazas, 28 de ellas en Catalunya. “El déficit es evidente”, denuncia Coissard, quien recuerda que el año pasado Catalunya recibió 786 peticiones, lo que provoca que se haya disparado también la lista de espera para acceder a una vivienda o un centro de acogida. “Actualmente hay 300 solicitantes esperando”, añade. Y apostilla Otero: “El problema es que el sistema de asilo no se ha ido actualizando en función de los solicitantes”.

Demandantes de asilo y ‘sin techo’
El colapso de solicitudes actual impide renovar la estancia en estos alojamientos más allá del medio año, una práctica que antes era bastante habitual. “Hasta ahora, cuando pasaban los seis meses y no había llegado la resolución, se iba renovando el permiso de alojamiento. En la actualidad, es imposible”, apunta Otero de Acnur.
La situación de desamparo provoca que muchos decidan emigrar a otros países de la Unión Europea aún sin tener papeles, a sabiendas de que empiezan de cero pero en una situación irregular. “Piensan que no les vale la pena esperar en España y se van a otro país, quizá porque tienen amigos o familiares”, añade. Para otros, desgraciadamente, la solución está en la calle. “Las ayudas son escasas y precarias. La vulnerabilidad se agudiza si no encuentran trabajo y en ocasiones, este callejón sin salida, los convierte no sólo en solicitantes de asilo, también en sin techo”, indica la portavoz de CCAR.

La próxima semana los ministros del Interior y los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 están convocados a dos cumbres extraordinarias de las que tendría que salir una respuesta consensuada al drama de los refugiados. Aunque las entidades reconocen que en España el paso dado por algunas administraciones para ayudar a los solicitantes de asilo es esperanzador, son escépticas con la respuesta que pueda fijar la UE, teniendo en cuenta las reticencias de algunos Estados a abrir sus fronteras y a asumir cuotas.
Amir, más que estar a la expectativa, directamente recela. Y lanza un mensaje: “Que se entere Europa: no pedimos dinero ni casa. Queremos que se garantice nuestro derecho. Huimos de las bombas, como mucho tiempo antes lo hicieron otros”.

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