El drama de los refugiados que llegan a las puertas de Europa se concilia mal con el retraso en la toma de decisiones por parte de la Comunidad Europea y, en cascada, por el Gobierno de España. Las oleadas de solidaridad de la sociedad, a través de ONGs y de ayuntamientos, topa con la necesidad de organizar esfuerzos, para aprovechar recursos y ampliar la capacidad de respuesta a una tragedia humana a la que se llega ya con retraso y con lentitud, según dice Omar El Hartiti, presidente de Sevilla Acoge.

«Los preparativos van más lentos aún de lo que estábamos denunciando», dice. Las tres organizaciones que se van a encargar en coordinación con el Gobierno son Cruz Roja, CEAR y ACCEN, mientras que los ayuntamientos que se han mostrado dispuestos a acoger asilados van dando pasos por su cuenta, en espera de tener los preparativos terminados para cuando lleguen o, al menos, se conozca la cuota que les va a corresponder.

En este sentido, la Junta de Andalucía avanza también en los trabajos previos, tener la compleja maquinaria dispuesta para actuar y el consejero responsable, el titular de Justicia e Interior, Emilio de Llera, prevé comparecer en el Parlamento el miércoles para dar cuenta de este dispositivo.

Andalucía prevé recibir entre dos y tres mil personas, en cuotas escalonadas, a partir de octubre, según ha dicho Llera, pero la cifra se considera muy aproximada. La comunidad «está dispuesta a ser flexible, y a acoger al mayor número de personas posible, dentro del esfuerzo conjunto de España», indica. Justicia e Interior reclama al Gobierno más celeridad y un plan nacional de actuación con criterios claros de distribución de cupos por comunidades autónomas, así como recursos económicos, «tanto de fondos europeos como de los presupuestos generales del estado, en función de esos cupos», indica el consejero.

«El Gobierno central debería haber definido actuaciones, número de personas a acoger y criterios de reparto para la Conferencia Sectorial del martes 8 de septiembre y no fue así: se desperdició la oportunidad de empezar a trabajar y avanzar en la planificación», manifiesta el consejero andaluz.

Justicia, que coordina la Comisión Interdepartamental de Migraciones, a la que reunió el pasado día 11, prepara un protocolo de actuación con el resto de las administraciones, de acuerdo también con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Ambos departamentos se han sentado con las ONGs más representativas para alcanzar acuerdos.

La intención, aunque pendiente de lo que determine el protocolo nacional, es seguir los pasos de la actuación llevada a cabo para la acogida de refugiados albanokosovares, en 1999, aunque en aquella ocasión se trató de un contingente menor que el que ahora se baraja, unas 300 personas.

Más recursos

Justicia reclama también que los Presupuestos Generales del Estado destinen dinero a las comunidades autónomas para este fin. «Se debe recuperar el Fondo Estatal de Acogida de Inmigrantes y su Refuerzo Educativo (FAIREA) que el Partido Popular ha suprimido, y volver a dotar a la cooperación al desarrollo de fondos, a fin de mejorar la calidad de vida de las personas en sus países de origen», indica el consejero, que también reclama al Gobierno de Rajoy que aplique los mñas de 300 millones de euros que recibirá del futuro Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE, aprobado el pasado 17 de marzo, «y darles el destino asistencial y social que establece la Unión Europea para el que debe ser el 40% del total, en lugar de aplicarlos mayoritariamente a cuestiones de control de fronteras y seguridad».

El consejero andaluz, con todo asegura que «vamos a colaborar con las ONGs en la atención a los desplazados y, como ya venimos haciendo, favoreciendo el acceso a los servicios educativos y sanitarios que Andalucía siempre ha mantenido a los inmigrantes, pese a los recortes y limitaciones del Gobierno Central». Reconoce que la ola de solidaridad social desatada les obliga y también que debe darse una respuesta profesional, adaptada a las necesidades de las personas que vienen y teniendo en cuenta sus condiciones, para facilitar su adaptación. Se prevé asimismo vías de voluntariado y de colaboración económica de particulares con ONGs.