Los Veintiocho volverán a reunirse en dos citas claves convocadas de forma extraordinaria tras los fracasos acumulados hasta ahora en la negociación
La UE hará la próxima semana un último intento para convencer a los países del Este de que acepten el sistema obligatorio de cuotas propuesto por la Comisión Europea (CE) para el reparto de 120.000 refugiados, con el que el bloque comunitario pretende dar una respuesta común inmediata a la crisis.
Los Veintiocho volverán a reunirse en dos citas claves convocadas de forma extraordinaria tras los fracasos acumulados hasta ahora en la negociación, que han dejado al descubierto una fuerte división interna entre países y amenazan con afectar a uno de los pilares más preciados de la Unión Europea (UE): la libre circulación en el espacio sin fronteras interiores de Schengen.
La primera de esas reuniones es el Consejo de Ministros europeos de Interior, que se celebra el martes en Bruselas y en el que los países se concentrarán en el reparto de los 120.000 refugiados, especialmente presionados después de que el pleno del Parlamento Europeo (PE) respaldase la medida por amplia mayoría esta semana.
El segundo encuentro se producirá al día siguiente, también en Bruselas, y sentará a la mesa de una cena informal a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión.
A los líderes comunitarios se reserva una discusión más amplia sobre la política europea de migración y asilo, las medidas a corto y medio plazo para hacer frente a este fenómeno en la UE y sobre la necesidad de actuar sobre la raíz del problema, en especial la inestabilidad política en los países de origen de los refugiados.
Fuentes comunitarias destacaron esta semana que si la UE sigue sin dar una respuesta unida y coherente a la crisis de refugiados se arriesgan a que los países sigan tomando medidas aisladas para cortar el paso a los refugiados.
En la misma línea se ha pronunciado el presidente francés, François Hollande, quien ha advertido de que el espacio Schengen de libre circulación estaría en peligro si no hay un acuerdo para la gestión de la entrada de los refugiados y su reparto entre los estados.
“Schengen estaría en peligro si no hubiera control de las fronteras exteriores”, ya que en ese caso “los Estados van a restablecer de una u otra forma las fronteras nacionales”, sostuvo, en una reciente entrevista.
Alemania, Austria y Eslovenia ya han recurrido a la reintroducción temporal de controles fronterizos para detener la llegada masiva de personas, una medida excepcional, pero prevista en las normas de Schengen para casos de amenaza grave para el orden público o la seguridad interior.
Otros como Hungría han endurecido aún más su ya férrea política de migración y asilo, con penas de hasta cinco años de cárcel para los que entren al país de forma ilegal, así como con la construcción de una valla alambrada en su frontera con Croacia, que pese a no pertenecer todavía a Schengen sí es miembros de la UE.
Precisamente Croacia, ha advertido también que no tiene más capacidad para seguir recibiendo refugiados, tras la llegada en un solo día de alrededor de 7.000 personas procedentes de Serbia, y ha empezado a transportar a cientos de refugiados procedentes de países de Oriente Medio en autobuses hacia Hungría.
Hasta ahora los países más reticentes a aceptar el sistema de cuotas han sido Hungría, República Checa, Eslovaquia y Rumanía.
La posición de Hungría es particularmente compleja puesto que rechaza un sistema del que sería beneficiaria.
Según la propuesta de Bruselas, del total de 120.000 refugiados a repartir, 54.000 procederían de los centros de acogida de Hungría, 50.400 de Grecia y 15.600 de Italia.
La CE ya ha dicho que respeta si Hungría finalmente decide no participar en el mecanismo, pero ha pedido a Budapest que al menos no bloquee el avance del reparto para Grecia e Italia.
Fuentes comunitarias han apuntado que Bruselas estaría dispuesta a mantener la cifra global de 120.000 refugiados, y a repartir los 54.000 refugiados que le corresponden a Hungría entre Grecia e Italia.
Lo que la Comisión no parece dispuesta a dejar caer es el carácter obligatorio de la medida, una cuestión que en el pasado generó un profundo malestar en países como España.