El reto gigantesco al que se enfrenta Alemania para recibir a centenares de miles de refugiados ya se nota en la actividad del Gobierno. El ministro de Finanzas, el democristiano Wolfgang Schäuble, planea arañar el año próximo de distintas partidas 2.500 millones de euros, dinero que quedaría disponible para las necesidades de los recién llegados. Al mismo tiempo, el Gobierno prepara un fuerte endurecimiento de la ley de asilo.

A lo largo de la semana ya se había hablado de los planes de ahorro de Schäuble. Pero el semanario Der Spiegel les puso ayer cifras: los ministros afectados podrán decidir dónde meter la tijera, pero deberán ahorrar 500 millones. Schäuble cuenta además con 2.000 millones extras procedentes de unos intereses de la deuda más bajos de lo esperado. Y a este dinero se le unirían los 6.000 millones que espera de superávit fiscal. Con esta lluvia de millones, el Gobierno de Angela Merkel quiere acallar las críticas de los Estados federados, que se ven desbordados por los flujos de refugiados.

La crisis migratoria ha logrado, además, otro milagro en la política alemana. El hasta ahora sacrosanto principio del déficit cero ya no se da por descontado. El propio Schäuble —máximo defensor de no gastar más de lo que ingresa— dijo la semana pasada en un debate presupuestario que la crisis de refugiados es ahora mismo “la máxima prioridad”. “Debemos lograrlo y, si es posible, sin generar nuevas deudas”, añadió, dejando abierta la posibilidad de que la primera economía del euro vuelva a cerrar su Presupuesto en rojo.

Normas más duras

Al mismo tiempo que destina más fondos a los demandantes de asilo, el Gobierno también está decidido a restringir los derechos de los que están por llegar. Y para ello pondrá el foco en aquellos que no hayan viajado a Alemania directamente, sino que pasen antes por algún país de la UE. Según el acuerdo de Dublín, estos refugiados no son responsabilidad de Alemania.

La nueva normativa, aún en fase de preparación por el Ministerio del Interior, prevé devolver a los solicitantes de asilo al país por el que hubieran entrado en la UE. Las autoridades alemanas tan solo les proporcionarían un billete de vuelta y provisiones para el viaje. Durante el periodo que pasen en Alemania, no tendrían derecho ni a un lugar donde cobijarse ni a la cobertura médica.

Con este proyecto, el Gobierno trata de aferrarse a lo estipulado en Dublín, que en la práctica ha dejado de aplicarse. Los portavoces de Merkel repiten estos días que sería deseable que la UE buscara una nueva norma que reemplazara a Dublín, pero que mientras no haya una nueva, es la única vigente.

Según el borrador de la norma, al que esta semana tuvo acceso la organización a favor de los refugiados Pro Asyl, el endurecimiento de ley afectaría también a los sirios que llegan a Alemania a través de la ruta que atraviesa Hungría y Austria. Los responsables de Pro Asyl han mostrado su indignación por una normativa que, consideran, condenará a vagabundear a decenas de miles de personas.

El Gobierno también planea endurecer las condiciones a los procedentes de países considerados seguros (entre los que estarán próximamente todos los balcánicos), que podrán alargar su estancia en los centros de acogida de urgencia. En ese periodo ya no contarán con el dinero de bolsillo que reciben ahora. Las administraciones sustituirán los pagos en efectivo por entrega de bienes de primera necesidad.