La mujer de la foto, Natalia Duffy, argentina y española, vivía con su familia en Galicia hasta que el trabajo se la llevó a León. Con ella se fue Carlos, su padre, 66 años y enfermo crónico de un puñado de males. «En Galicia todo iba bien. De hecho, cuando nos cambiamos a León él no estaba tan mal. Pero al no tener seguimiento, se empezó a deteriorar». Carlos había sido atendido en Galicia durante años, pero 2012 se cruzó en su vida. «Llegamos a León y a mi papá le deniegan la tarjeta porque la ley cambia. Una odisea. Empiezo a golpear puertas, pero me dicen que no le corresponde. Y los medicamentos que él tenía ya no contaban». Los meses sin asistencia médica empezaron a pasar. «Es desesperante. Llamas a todos lados y, con la ley en la mano, ellos tienen razón. Pero es un ser humano». Y así, un año y medio después de cambiar de lugar y de ley, Carlos Duffy murió.

Natalia es como la boliviana M., que vino a España a cuidar a una hija con cáncer y contrajo uno. Fue a Urgencias, le fue diagnosticado un linfoma grave y, tras dos sesiones de quimioterapia, el hospital le dijo que no podía seguir con el tratamiento a no ser que presentara la tarjeta sanitaria o abonase el costo de las sesiones que llevaba y que le quedaran.

Como Natalia y M. son 1.567 personas, los casos de exclusión que la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto (REDER) de apartheid sanitario impuesto por el Gobierno en 2012 ha documentado entre enero de 2014 y julio de 2015.

Lejos de tratarse de excepciones, el «sistema de exclusión generalizado» que denuncia el informe Radiografía de la reforma sanitaria. La universalidad de la exclusión documenta 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas, 27 de salud mental o 28 de patologías potencialmente mortales.

REDER (300 colectivos, entre ellos la Sociedad de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo o la Sociedad de Salud Pública y Administración Sanitaria) habla de la desinformación de los propios enfermos (535 casos) o a los que se negó la tarjeta porque el personal sanitario tenía una información errónea (al menos 183). El 68% de los casos corresponde a víctimas del propio incumplimiento de las excepciones que contemplan tanto la normativa estatal de 2012 como las autonómicas que se desarrollaron después. Por ejemplo, 232 personas fueron a Urgencias y recibieron después una factura. Hubo 78 embarazadas que no fueron atendidas. Y 109 menores no atendidos o, como B… Nació hace nueve meses en la Comunidad Valenciana, sus padres son nigerianos y ambos tienen permiso de residencia. El crío no tiene tarjeta sanitaria porque se le exigía el pasaporte y sus padres no pudieron tramitarlo por su angustiosa situación económica. Como los niños que tienen esa suerte, B. fue atendido en consulta pediátrica, pero días después a sus padres les llegó la factura. No pueden pagarla.

Rubén Moreno, secretario general de Sanidad, dice a EL MUNDO que el Gobierno está a la espera de que las CCAA respondan a la propuesta del 2 de septiembre, la última reunión entre consejerías y Ministerio: tarjeta para los inmigrantes que lleven seis meses empadronados, que carezcan de cobertura sanitaria por otra vía y cuya unidad familiar no perciba más de 532 euros al mes.

El número 2 del Ministerio dice no conocer el informe de REDER, pero sostiene que «todos los inmigrantes tienen derecho a la asistencia y quien no la reciba debe demandarla». «Hay que armonizar el programa de asistencia social y sanitaria que planteamos en abril. Y más, si, como ustedes publican, el 70% de los casos son por incumplimiento de las excepciones que establecía el Decreto, personas que, aun sin tarjeta, debían recibir esa atención».