En Alemania no hay crisis que no termine salpicando a la esfera política y, cuando esto ocurre, no tardan en rodar cabezas. La crisis migratoria no es una excepción a la regla. Buena muestra de ello es la dimisión del presidente de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados (Bamf), Manfred Schmidt, que anunció ayer su retirada del cargo alegando «motivos personales». No solo el momento es poco apropiado, sino que su dimisión añade más presión al Gobierno de Angela Merkel, pues pone de manifiesto hasta qué punto las autoridades están desbordadas por el flujo masivo de refugiados.

El ministro de Interior, Thomas de Maizière, defendió la «excelente labor» de Schmidt al frente del organismo. Sin embargo, la Bamf lleva meses en el ojo del huracán por su lenta capacidad de reacción, con hasta 300.000 solicitudes de asilo pendientes de tramitación. Tanto es así, que el ministerio decidió hace unos meses aumentar el personal en 2.000 nuevos empleados entre el 2015 y el 2016. El objetivo es acelerar la gestión de peticiones de asilo en un país donde la burocracia es casi una entidad en sí misma.

Alemania se enfrenta al reto de acoger a más de 800.000 refugiados este año, una cifra que cuadruplica la del 2014. Solo el miércoles llegaron 7.200, el doble que la víspera.

Los «Länder» pide más fondos
Mientras tanto, las autoridades regionales exigen al Gobierno central que duplique los tres millones de euros que Merkel les ha prometido para lidiar con esta crisis migratoria sin precedentes. Pero ahora el debate ha saltado al seno de la gran coalición.

La secretaria general del Partido Socialdemócrata (SPD), Yasmin Fahimi, criticó al ministro de Finanzas, después de filtrarse un informe por el cual el cristianodemócrata Wolfgang Schäuble planea recortar el gasto en 500 millones de euros a raíz del agujero que va a provocar la llegada de refugiados en los presupuestos generales. «Estamos ante un reto histórico, que está muy por encima de menudencias contables», dijo Fahimi a la edición digital de Spiegel.