El top manta barcelonés está conformado por aproximadamente unas 400 personas, inmigrantes africanos y asiáticos en su mayoría, que llevan una media de cuatro años residiendo en la capital catalana. En contra de lo que muchos puedan pensar, no actúan controlados ni explotados por mafias, según el diagnóstico elaborado durante los últimos meses por el Ayuntamiento. Eso sí, muchos sí recurrieron a redes de tráfico de personas para conseguir llegar a España, llegando a pagar 7.000 u 8.000 euros para completar su migración. Además, una parte de ellos ha explicado la existencia de organizaciones delictivas que les ofrecen documentación o contratos de trabajo fraudulentos.

Estas conclusiones forman parte de un estudio sobre la venta ambulante que se inició con el gobierno municipal de CiU, en abril, y que ha concluido con el gobierno actual. La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, presentó ayer el estudio que ha de ser analizado por los grupos políticos antes de concluir un plan integral de abordaje de este problema que incluyas vías de normalización a los vendedores.

Ortiz destacó que “no hay mafias” en la actividad habitual de los manteros. Otra cosa es que haya delincuencia organizada en la fabricación de artículos falsificados y su transporte. La gran mayoría de los manteros compran la mercancía y luego la venden por su cuenta o por grupos. Los servicios municipales detectaron entre abril y agosto a 395 vendedores ilegales y entrevistaron a 213 de ellas. A partir de estos contactos, se han elaborado perfiles comunes de estos vendedores.

El 83% de ellos residen en Barcelona, donde llevan una media de cuatro años. “Son vecinos y vecinas de la ciudad”, apuntó Ortiz. Sin más documentación más allá del empadronamiento, en sus primeros años sólo el 38% usa el Sistema Català de Salut. La mayoría manifiesta su voluntad de regularizar su situación y se muestra dispuesta a desempeñar un trabajo normalizado.

En el colectivo dedicado a la venta de souvenirs (el más numeroso), destacan los hombres de origen pakistaní (65%), aunque también se dedican a ello indios, bengalíes, chinos, afganos y marroquíes; el 73% de ellos se encuentra en situación irregular. Sólo el 34% dispone de tarjeta sanitaria. Los vendedores de latas de cerveza son también mayoritariamente de origen paquistaní, pero también hay indios y afganos.(68%). Un 86% está en situación irregular y solo el 37% tiene tarjeta sanitaria.

Hombres senegaleses son mayoría (65%) entre los vendedores de productos falsificados o de imitación, si bien también hay guineanos, gambianos y marroquíes. El 37% tiene tarjeta sanitaria. Africanos de diferentes países (Guinea Conakry, Costa de Marfil, Nigeria) representan el 88% de los vendedores de productos recuperados de contenedores o sobrantes de lotes subastados en la Fira de Bellcaire. También hay sirios y ecuatorianos. Más de la mitad (55%) dispone de tarjeta sanitaria y sólo el 11% se encuentra en situación irregular administrativa.

Ortiz dijo que aunque se mantengan actuaciones policiales contra la venta ilegal, la solución al problema (global y que “no desaparecerá”) ha de ser con políticas sociales, que no han de hacerse sólo desde la administración local. En este sentido criticó al Gobierno central por la ley de Extranjería y por descargar el problema en los ayuntamientos.