PAMPLONA. El vicepresidente de Derechos Sociales Miguel Laparra, considera que en estos momentos Navarra puede hacer frente a la acogida de 200 o 300 personas refugiadas sin alterar los servicios, ya que, además de con los recursos públicos existentes, los ciudadanos han ofertado 50 viviendas vacías y 35 traductores.

En estos momentos el Ejecutivo está estudiando la posibilidad de un albergue por si fuera necesario en un primer momento y trabajando en el proceso de acompañamiento, ha comentado el consejero, quien ha dicho que han recibido un número de llamadas ciudadanas con diferentes ofrecimientos equivalente al número de refugiados que podrían llegar.

Así ha respondido a la parlamentaria de EH Bildu, Asun Fernández de Garaialde, quien le ha preguntado sobre los pasos que se van a dar y con qué dotación de recursos ante la situación de emergencia de personas refugiadas.

Asimismo se ha interesado por la posibilidad de revisar otras políticas relacionadas con la situación de las personas sin papeles, desahuciadas o en situación de emergencia.

Laparra ha afirmado que es clara la posición del Gobierno en esta materia, con diferencias con la “lentitud del procedimiento por parte de la UE y la resistencia por parte de algunos estados miembros”, en contra de la gravedad de la situación dramática de los ciudadanos y las muestras de solidaridad de grandes sectores de la población.

El vicepresidente ha añadido que esta es una “ocasión oportuna para dar un salto cualitativo en las política de asilo, marcadas por carácter restrictivo”.

Ha precisado que las políticas de asilo y refugio son competencia estatal por lo que están condicionados por decisiones de la UE y el Gobierno de España, tras lo que ha reiterado que todavía no cuentan con información sobre fechas, volúmenes, ritmo de llegada y condiciones en las que van a venir los refugiados, ni las ayudas para su atención con las que se puede contar.

Laparra ha recalcado su “compromiso y oferta para colaborar”, al tiempo que ha apuntado que con la participación de las comunidades autónomas el proceso habría sido “más ágil”.

Navarra está trabajando con entidades locales y sociales, según el vicepresidente, quien ha comentado que el proceso está previsto con una primera fase de identificación y valoración de viviendas disponibles y recursos residenciales.