Pocas personas conocen mejor el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia que Antonio Martínez Ferrando. Durante 14 años fue comisario de la Brigada de Extranjería, y por consiguiente máximo responsable del CIE. Se jubiló el pasado mes de julio, apenas un mes antes de que el centro en el que son recluidos los extranjeros sin papeles durante un máximo de 60 días viviera su jornada más tensa, con el motín protagonizado por medio centenar de internos en el que cinco policías nacionales resultaron heridos. Hace unos días, el excomisario Martínez llamó a uno de sus ‘chicos’, uno de los responsables de velar por la seguridad en el CIE. Quería darle ánimos. “Jefe, pues estamos mal, jodidos. El Ministerio del Interior ni nos ha llamado. Estamos desamparados, dejados de la mano de Dios”. Y el excomisario Martínez, conocedor de la realidad que vive el Centro de Extranjeros, no duda en cargar las tintas (“pon ahí mi nombre y mis dos apellidos”, subraya) con sus declaraciones: “Por aquí han pasado todos los delegados del Gobierno a hacerse la foto, y luego han salido corriendo sin importarles nada después”.

Si en algo coinciden defensores y detractores del CIE es en el ‘abandono’ que sufren las instalaciones. Los primeros inciden en la dejadez administrativa que padecen los policías. Los segundos, en la que dicen que experimentan los internos. “Las instalaciones de Zapadores son inseguras para las personas que son encerradas, no asegurando la integridad física y psicológica y suponen una violación de los derechos humanos”, denuncian desde la plataforma CIEs No, que engloba a una treintena de asociaciones y ongs que reclaman la clausura de las instalaciones.

Lo que es un hecho, con las estadísticas del Ministerio del Interior en la mano, es que la dotación de policías para vigilar el centro es manifiestamente insuficiente. De media, unos cinco policías tienen que supervisar a unos 90 internos, el porcentaje habitual de extranjeros ingresados en el CIE. Entre 2011 y 2014, el centro jamás ha estado “saturado”, una muletilla habitualmente usada por los detractores de las instalaciones. En cuatro años, el porcentaje máximo de internos ha llegado al 80% de las 160 plazas existentes. “Se busca siempre que haya un buen espacio vital para los internos”, argumenta el excomisario Antonio Martínez.

El objetivo, evitar que se dispare la conflictividad. Aunque esta nunca alcanza cotas demasiado graves. Cada año se registran alrededor de medio centenar de incidentes, la gran mayoría “leves”, como especifica la estadística ministerial. Y ello a pesar de que casi todos los internados acumulan un sinfín de antecedentes policiales y judiciales. El 74% de los que están entre los muros de Zapadores ha cometido algún delito, según Interior. Y de los expulsados (el año pasado unos 400, una cifra que se ha desplomado casi un 50% desde las 1.162 repatriaciones de 2011), el 95% ha tenido alguna cuenta con la policía o la justicia.

Subsaharianos y magrebíes son los dos grandes colectivos de ingresados en el Centro de Extranjeros. Y ambas nacionalidades protagonizan la mayor parte de los altercados entre ellos. En el motín de la semana pasada se vivió el último ejemplo: un grupo de internos de raza negra se enfrentó al medio centenar de argelinos que atacó a los policías para evitar que asaltaran las habitaciones de las mujeres (hay 24 plazas para extranjeras).

Diez fugas

En cuatro años se han producido 10 fugas. Una de las críticas de los sindicatos policiales es que el CIE “funciona como un centro penitenciario sin las instalaciones y medios adecuados para ello”. Porque las instalaciones de Zapadores no son una cárcel. La Ley Orgánica 4/2000 establece que su función es “preventiva y cautelar”, hasta determinarse si procede o no la repatriación del interno. La norma subraya que se deben “salvaguardar los derechos y libertades, sin más limitaciones que las establecidas a su libertad deambulatoria”.

Al excomisario Martínez le vuelve a hervir la sangre al recordar la escasa inversión en dotación de medios y personal para el CIE. “Ni el Ministerio ni la administración autonómica ponen aquí un duro”. El recién jubilado mando policial revisa la lista. Y subraya cómo “hasta las televisiones las ponemos nosotros”. Nosotros se refiere a los policías. El jefe del Centro de Extranjeros acude a la tienda de electrónica de un conocido para que le done una televisión si se estropea la que ven los internos. Ídem con la ropa de los extranjeros ingresados. No hay uniformes facilitados por el Ministerio. El vestuario sale “de las aportaciones de los propios policías”, asegura Martínez, y de la ropa que lleva Cáritas y una parroquia también conocida por los mandos del CIE. “Ni una sola aportación de las ONGs. Reto a alguna organización a demostrar que ha traído algo de ropa en todos estos años”, lamenta el excomisario.

La ley deja bien claro que un CIE no es una cárcel, pero, en plena crisis migratoria, tampoco es un centro de refugiados. De hecho, la gran mayoría de peticiones de asilo que presentan los internos son denegadas, al no proceder de países en guerra ni sufrir persecución por razones políticas, de religión o sexo. De las 189 solicitudes de asilo instadas en 2014, sólo ocho fueron admitidas a trámite.

La mayoría acaba en la calle

Y frente a lo que se pueda pensar, el camino más seguido por los internos del CIE no es ser repatriados a su país. El mayor porcentaje acaba de nuevo en las calles de Valencia. Otra vez la estadística de Interior lo demuestra. De los 912 inmigrantes ilegales que pasaron el año pasado por las instalaciones del viejo cuartel de Zapadores, 402 fueron expulsados (8 ingresaron en prisión) y 431 quedaron en libertad. La mayoría (321), por orden del juzgado. Un centenar por la “imposibilidad de documentar”. Muchos de los extranjeros carecen de papeles de sus países de origen (o los destruyen para evitar su repatriación) y, al no reconocerlos sus respectivos consulados como compatriotas, no se puede proceder a su expulsión.

La desidia de las administraciones se constata en los propios muros de Zapadores. Todos los ejecutivos se han comprometido en las dos últimas décadas a rehabilitar el complejo, pero nadie lo ha hecho. En la legislatura actual se inició un nuevo proyecto que quedó paralizado por falta de fondos. Apenas se adecentaron los tejados y el suelo del patio. En 1996 se comenzó a hablar de reformar las instalaciones. Nada de nada. En 2008, el PSOE promete invertir 30 millones en obras. Fue en campaña electoral. Después, nada.

Este año sí hubo una reforma en el interior para llevar a cabo mejoras ordenadas por el juez, como la colocación de interfonos en las habitaciones de los internos (con los que comunicar posibles incidencias) o la instalación de puertas de apertura automática que sustituyan a los cerrojos en los cuartos de los inmigrantes. De hecho, una de las denuncias de “trato degradante” de la plataforma CIEs no es que muchos de los ingresados “tienen que hacer sus necesidades en una bolsa de basura en la habitación”, al no tener cuarto de baño dentro y no poder abrir las puertas o comunicarse por el interfono, según denuncia la entidad.

Otro aspecto que critica la plataforma es que los internos “no pueden comunicarse con el exterior”. Lo cierto es que en el CIE hay cinco teléfonos para realizar llamadas y tres para recibirlas. En el cruce de declaraciones, el Centro de Internamiento también es un polvorín.