Laia Ortiz, la teniente de alcalde de derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona, ha culpabilizado al Estado de no dar una “respuesta social a las personas inmigradas” lo que, según la concejal, ha generado problemáticas como la del Top Manta. “Han aniquilado las partidas presupuestarias relacionadas con la inmigración, la ley de extranjería no da una respuesta social a una problemática que afecta a la mayoría de ciudades de Europa”, ha sentenciado la teniente de alcalde.

Laia Ortiz ha realizado estas declaraciones esta mañana durante la presentación del informe diagnosis social sobre el fenómeno de la venta ambulante en la ciudad de Barcelona. Un documento con el que pretenden abordar el fenómeno de la venta ambulante en la ciudad aunque admite que no “podremos erradicarlo” ya que el fenómeno es complejo y trasciende los límites municipales. La titular de la cartera municipal de derechos sociales ha anunciado que aumentará el número de mediaciones con los vendedores e intentarán insertar laboralmente a los manteros utilizando estrategias como la creación de cooperativas. Además, se ha “creado un equipo de estudio para ver cómo se ha afrontado el problema de la venta ilegal en otras ciudades europeas”.

Ortiz no ha sido la única que ha criticado la inactividad del resto de administraciones. Jordi Samsó, gerente de seguridad del consistorio, ha intervenido en la presentación para alertar que si instituciones como la Agencia Tributaria detectaran la entrada en la ciudad de según que mercancías, los vendedores ilegales no tendrían prendas para vender.

La titular de derechos sociales del consistorio ha sido rotunda al afirmar que no existen “mafias detrás de la venta a ambulante”. Ortiz cree que hay grupos organizados relacionados con el tráfico de personas que traen a España a estos inmigrantes y también existen bandas vinculadas a la falsificación de mercancías. Productos que posteriormente compran los vendedores ambulantes que según la concejala “no están estructurados de ninguna manera”.

Tras el estudio, la concejala asegura que hay cerca de 400 vendedores ambulantes permanentes en la ciudad pero que este número se amplía en épocas de más turismo. Los autores del estudio han entrevistado a 213 vendedores de las cuales el 83% han residido en la ciudad durante una estancia media de cuatro años. Ortiz pretende que estos “vecinos nuestros” accedan a los servicios y recursos municipales ya que solo el 9% hacen uso de los centros sociales y solo un 38% utilizan el Sistema Catalán de Salud.

El estudio distingue entre los vendedores ambulantes indo – asiáticos (dedicados a la venta de souvenirs), indo – asiáticos (que se han especializado en la venta ilegal de latas de cervezas), subsharianos (especializados en la venta de productos falsificados y de imitación) y africanos (que suelen vender productos recuperados de los contenedores).

Ortiz asegura que la presión policial continuará presente pero aseguran que el consistorio no se apoyará exclusivamente en la Guardia Urbana de Barcelona para abordar el problema.