“Es patético que te digan que como no tiene papeles españoles no van a atender a un bebé”, relata a la cámara Carolina González, española de 35 años, casada con un ecuatoriano y residente en Santiago de Compostela. María y José Salvetti, que viven en Tenerife, cuentan: “Pese a ser residentes legales en España no tenemos acceso ni a medicinas ni a sanidad”. Natalia Duffy, de 40 años, doble nacionalidad española y argentina, se emociona al recordar a su padre fallecido tras pasar año y medio sin asistencia sanitaria en España: “Al no tener seguimiento médico, se deterioró a pasos agigantados”.

Son personas “con nombre y apellido”, han recordado hoy representantes de la Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (REDER), integrada por 300 organizaciones, que en los últimos años han visto vulnerado su derecho a la salud. En total, esta red ha documentado más de 1.500 casos de personas que han tenido problemas para acceder a la sanidad pública española en el último año y medio. Entre ellos, también menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia, supuestos incluidos en el real decreto de 2012 que excluyó a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia normalizada. Ilegalidades, por tanto.

Las organizaciones también han documentado casos graves a los que los centros sanitarios pusieron problemas para ser tratados: 31 de cáncer, 38 por problemas de corazón, 62 de diabetes, 27 de salud mental y 28 casos “potencialmente mortales si no reciben el tratamiento sanitario adecuado”. El informe relata que han encontrado personas con VIH que llevaban meses o años recibiendo tratamiento antirretroviral y seguimiento médico a su enfermedad y que tras perder su empleo perdieron también la posibilidad de continuar con su tratamiento.

O de pacientes con diagnósticos de cáncer que no pueden hacer frente al coste de las pruebas complementarias o el tratamiento oncológico. Personas con enfermedad renal avanzada que no reciben tratamiento y, receptores de trasplantes a quienes se les impide el seguimiento en consulta y el tratamiento inmunosupresor, con el consecuente riesgo de pérdida del órgano trasplantado.

Muchos de los casos, recogidos por organizaciones como Médicos del Mundo entre enero de 2014 y julio de 2015, se registraron cuando algunas comunidades autónomas ya habían puesto en marcha medidas para atender a los sin papeles, ha explicado en rueda de prensa Sagrario Martín, presidenta de Médicos del Mundo. “El real decreto se puso en marcha de forma tan confusa que su desarrollo multiplicó los efectos negativos de la exclusión. Cada comunidad hacía una cosa distinta. Incluso en una misma ciudad, un centro hacía cosas diferentes del de al lado”, ha señalado.

Un 73% de los casos recogidos por la red proceden de autonomías donde existen programas sanitarios o normativa autonómica específica para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria, según el informe presentado este jueves. Algo que, a juicio de Martín, ejemplifica el caos que generó el real decreto 16/2012.

REDER ha documentado 109 menores de edad a quienes se denegó la asistencia sanitaria, 232 incidencias en urgencias (que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas, es decir, incumplimientos del real decreto aprobado por la anterior ministra de Sanidad, Ana Mato. Son problemas, han explicado representantes de REDER, de confusión y de falta de información que han padecido los propios trabajadores de los centros de salud.

El actual ministro, Alfonso Alonso, presentó hace 15 días a las comunidades autónomas un plan para homogeneizar en todas ellas la atención que se ofrece a los inmigrantes en situación irregular. Las organizaciones que forman parte de REDER creen que no es suficiente. “La única consistente es la vuelta a la sanidad universal”, ha dicho Martín. La vicepresidenta de la Sociedad Española  de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), María Fernández, también ha pedido la “derogación” de esta normativa.   

El real decreto 16/2012 se tramitó sin debate parlamentario. El Gobierno adujo que era urgente aprobarlo para saltarse el trámite en el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo nunca presentó estudios previos que justificaran su puesta en marcha ni ha elaborado posteriormente informes sobre el ahorro que generó o sus consecuencias en la salud de la población.

Ni siquiera se conoce el número de personas afectadas, ya que en estos tres años el Gobierno ha ofrecido cifras diferentes. Un documento oficial enviado a Bruselas en abril de 2013 cuantificó que 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en España habían sido dadas de baja. Se desconoce cuántos eran ciudadanos de la Unión Europea o personas sin recursos procedentes de países tradicionalmente migratorios. El Ministerio de Sanidad sigue asegurando que no lo sabe. 

Tanto Martín como Fernández pidieron que no se confunda la atención sanitaria a inmigrantes en situación irregular o a personas que carecen de recursos económicos con el turismo sanitario.