La Red de Denuncia y Resistencia al Real Decreto de reforma sanitaria (REDER), integrada por 300 organizaciones, ha documentado más de 1.500 casos de “sin papeles” que han visto vulnerado su derecho a la salud, incluidos menores, embarazadas y personas que acudieron a los servicios de urgencia.

Son casos con nombre y apellido, recogidos por las organizaciones entre enero de 2014 y julio de 2015, un periodo de tiempo en el que algunas de las comunidades autónomas ya habían puesto en marcha medidas para atender a los inmigrantes irregulares, ha explicado en rueda de prensa Sagrario Martín, presidenta de Médicos del Mundo, una de las organizaciones que integran la red.

De hecho, un 73 % de los casos proceden de autonomías donde existen programas sanitarios o normativa autonómica específica para dar cobertura a las personas excluidas por la reforma sanitaria.

Carolina González, Natalia Duffy, Driss, el matrimonio formado por María y José Salvetti, Carolina Bermúdez o KCM (siglas del nombre de un bebé nacido en España, de padres nigerianos con permiso de residencia en vigor) son algunos de los “excluidas” por la reforma sanitaria que retiró la tarjeta sanitaria a los irregulares cuando se cumplen tres años de su entrada en vigor.

REDER ha documentado 109 menores de edad a quienes se denegó la asistencia sanitaria, 232 incidencias en urgencias (que incluyen desde negación de atención a intentos de cobro) y 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado de alguna manera su derecho a ser asistidas, a pesar de que el Real Decreto hacía una excepción en estos casos.

Más de 1.500 casos que son solo la punta del iceberg de la exclusión, por lo que “seguramente son muchos más”.

Los datos aportados por las organizaciones incluyen, entre otros, 31 casos de cáncer, 38 de enfermedades cardiovasculares, 62 de diabetes, 14 de enfermedades degenerativas musculares y 8 de otro tipo, más de 28 con patologías potencialmente mortales si no reciben tratamiento sanitario y 27 personas con graves problemas de salud mental.

Martín ha subrayado que las diferentes fórmulas arbitradas por las comunidades autónomas no “son suficientes” y, además, crean desigualdad en el territorio nacional, por lo que ha pedido la revocación del decreto y la vuelta a la universalidad de la sanidad como única solución.

La vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), María Fernández García, ha recalcado que la implantación del decreto de forma diferente por las CCAA produjo “mucha confusión” entre los profesionales sanitarios y ha advertido de que los centros de salud reciben diariamente circulares que siguen siendo “muy confusas”.

En este sentido, Amparo Picazo, del Observatorio valenciano por el derecho universal a la salud (Odusalud), ha considerado que mientras no se produzca una derogación del real decreto “cualquier cosa que hagan las comunidades autónomas serán parches”.

Martín ha denunciado también los efectos “dramáticos” que la reforma ha causado en los familiares ascendentes que llegan a España acogiéndose a la medida de reagrupación familiar, normalmente personas mayores que llegan con más necesidades de atención sanitaria y que se ven inmersos en un “auténtico galimatías” legal y jurídico. Hasta 25 casos se han documentado.

Entre ellos, el de Natalia (doble nacionalidad española – argentina), que vive en La Bañeza (León) y antes lo hizo en Santiago de Compostela. Cuando la familia se traslada de residencia por motivos de trabajo su padre, de 66 años, que vive con ella y padece varias enfermedades crónicas, se queda sin asistencia sanitaria.

Después de un año y medio sin seguimiento médico y sin poder tomar las medicinas que necesitaba muere.

Este es un caso pero puede haber más, si bien la presidenta de Médicos del Mundo ha precisado que es difícil relacionar los efectos de la reforma con los fallecimientos. Sí “se han producido retrasos en diagnósticos que han llevado a situaciones dramáticas”.

También es complicado cuantificar cómo la reforma a afectado a los inmigrantes regularizados, víctimas de su efecto disuasorio y atemorizante.

El representante de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), Miguel Carrasco, ha hecho un llamamiento a todas las organizaciones para que logren un compromiso de los partidos políticos para revertir el real decreto.