La Red de Denuncia y Resistencia documenta más de 1.500 casos de personas afectadas por la reforma sanitaria de 2012 y clama por su derogación

Carolina González fue a Urgencias porque su hijo padecía anemiafalta de glóbulos rojos en sangre pero no la quisieron atender. «Ven cuando tengas papeles españoles» fue la que respuesta que obtuvo. «Sentí rabia, impotencia al ver que no te ayuda nadie. Es patético que te digan que como no tienes papeles españoles no van a atender a un bebé», explica ante la cámara. Finalmente la atendieron pero a la semana les llegó una carta donde se les indicaba que tenían que pagar 300 euros por la atención recibida.

Esta es la historia de Carolina y de su hijo. Pero no es la única. La Red de Denuncia y Resistencia al real decreto – ley 16/2012 (Reder) ha dado a conocer este caso y el de 108 más donde se prohibió a menores de edad atención sanitaria, vulnerándose así las excepciones de la supresión sanitaria a «sin papeles» que determinó la reforma sanitaria de 2012. Y no solo a menores. En en 232 casos no se ofreció asistencia en urgencias (o se les cobró el servicio) y a 78 mujeres embarazadas se les vulneró su derecho a ser asistidas. En total, se incumplieron los mínimos del Real Decreto en 419 casos.

Más allás del incumplimiento de las excepciones, 1.567 personas han sido afectadas por la reforma sanitaria, según el informe presentado por Reder, de la que forman parte 300 personas y organizaciones (como la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, Médicos del Mundo o la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria). Entre los afectados, un 68% está en situación irregular mientras que el 14% son personas con ciudadanía de la Unión Europea.

Una reforma que la presidenta de Médicos del Mundo España, Sagrario Martín, califica de «injusta, ineficaz y que vulnera los derechos humanos». Y que debe ser derogada, aun reconociendo como «un paso adelante» la propuesta del Gobierno de establecer un modelo único de asistencia a inmigrantes irregulares.

Entre los problemas que obligarían a la supresión del Real Decreto estaría, en primer lugar, la desinformación del sistema. Casi un 50% de las vulneracones regsitradas están relacionadas con una información deficiente. El 22% de los casos registrados, los afectados no tramitaron su tarjeta sanitaria porque desconocían tener ese derecho, mientras que a un 12% se les denegó la tarjeta sanitaria en su centro de salud porque la información que manejaba el personal administrativo sobre el trámite y requisitos era errónea.

Otro problema de la reforma sanitaria que denucian desde Reder es la existencia de inmigrantes atrapados en un laberinto jurídico y legal del que no pueden salir porque la Administración no los reconoce como «titulares» o «beneficiarias» del Sistema Nacional de Salud (SNS). Un «auténtico galimatías», según Sagrario Martín. Al problema del laberinto jurídico habría que añadir la asimetría en su implantación en las Comunidades Autónomas, que crea una descoordinación entre niveles asistenciales, unido a una ruptura en el seguimiento de enfermedades crónicas. Además de la pérdida del acceso a mujeres a servicios de contracepción y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en caso de necesitarlo.

Al problema de la vulneración del real decreto, Reder añade una clara asimetría en su implantación en las Comunidades Autónomas, que crea una descoordinación entre niveles asistenciales y «mucha confusión» entre los profesionales sanitarios, de acuerdo a la vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), María Fernández García. Todo esto unido a una ruptura en el seguimiento de enfermedades crónicas y a la pérdida del acceso a mujeres a servicios de contracepción y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en caso de necesitarlo. Por todo ello, Reder reclama la derogación del Real Decreto para la restitución del acceso universal a la salud.