El Gobierno está decidido a reordenar el mapa de las entidades islámicas y disponer de un único interlocutor que pueda representar a los cerca de 1,8 millones de musulmanes que hay en España. Y para ello tiene a punto un real decreto que establece la figura del presidente de la Comisión Islámica de España (CIE) y acaba con la bicefalia actual de dos secretarios, dos puestos que se reservan las dos federaciones que la han monopolizado hasta ahora: la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri) y la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide).
Precisamente ayer tuvo lugar en Madrid una reunión con un orden del día cuando menos sorprendente. La Comisión Asesora de Libertad Religiosa, formada por representantes de las principales confesiones, debatió a propuesta del Ministro de Justicia un borrador de este decreto que modifica los estatutos de la CIE. Desde el punto de vista de los musulmanes es insólito que católicos, protestantes o judíos se pronuncien sobre la fórmula organizativa de la CIE, la entidad que debe dar su conformidad al nombramiento de profesores de Religión, a la llegada de nuevos imanes, a la autorización de mezquitas o a dictaminar sobre la comida halal. Aunque la reunión de ayer es sólo un trámite para disponer del informe preceptivo pero no vinculante de la Comisión Asesora, una veintena de entidades musulmanas pertenecientes a la Feeri convocaron una concentración frente al Ministerio de Justicia para expresar su rechazo a lo que consideran “una clara injerencia por parte del gobierno en asuntos que deben ser decididos por la propia comunidad musulmana”.
El proyecto gubernamental pretende dar una solución al problema que se arrastra desde 1992 cuando el Estado español firmó un Acuerdo de Cooperación con la CIE, la confederación que agrupaba a la Feeri y la Ucide. Esta bipolaridad se reflejó en el acuerdo, para cuya aplicación se necesitaba el consenso de ambas federaciones. Pero, salvo en contadas ocasiones (por ejemplo, para poner en marcha la enseñanza de la religión islámica en centros educativos de varias comunidades autónomas), ha existido una situación de bloqueo. El panorama se complicó ante el rechazo a la entrada en la CIE de nuevas federaciones y de entidades islámicas. Según Justicia, hasta un 30% de las entidades registradas desde 1992 no figuraba dentro de la CIE y algunas de ellas recurrieron a la Administración para que interviniese. Ésta respondió con la promulgación del Real Decreto 1384/2011, de 14 de octubre, cambiando el sistema de acceso. Desde entonces, cualquier entidad islámica que quiera pertenecer a esta confederación debe solicitarlo al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, que lo notifica a la CIE y esta debe contestar, de forma motivada, si la aceptan o no (y la resolución final puede dilucidarse en la jurisdicción contencioso-administrativa). La consecuencia directa del decreto es que varias federaciones y entidades individuales han accedido desde entonces a la CIE.
Ahora, con el nuevo proyecto de Real Decreto se pretende la modificación directa de tres preceptos de sus estatutos, para crear, por un lado, la figura del presidente de la CIE (que substituye a la actual estructura con dos secretarios), y, por otro, para reconfigurar la composición de la Comisión Permanente introduciendo a una representación de todas las federaciones y entidades con un complejo criterio proporcional. El propio decreto especifica que esta reestructuración se debe “a la falta de entendimiento entre ambas federaciones [que] ha impedido a la CIE situarse como órgano representativo del Islam en España e interlocutor eficaz ante el Estado”. El presidente de la CIE saldrá de una sesión extraordinaria convocada por “la federación con mayor número de comunidades vinculadas”. En esa sesión se nombrará primero a una comisión permanente formada por 25 miembros y posteriormente estos elegirán al presidente. Y dado que, según datos provisionales, es la Ucide quien representa a una mayoría de entidades y federaciones, la presidencia recaerá seguramente en Riay Tatary, que es su máximo responsable. Una vez elegido, el presidente podrá designar un secretario y un tesorero.
Extraoficialmente se reconoce que, con esta medida, el Gobierno pretende desbloquear la situación y al mismo tiempo restar poder a Mounir Benjelloun, secretario de la Feeri, enfrentado con el gobierno de Marruecos y más radical en sus planteamientos.
Ucide se ha mostrado favorable al decreto porque entiende que es la única forma de salir del embrollo actual. La Feeri, por su parte, acusa directamente al ministro de Justicia y al PP de intentar “regular la figura del presidente de los dos millones de musulmanes españoles sin su consentimiento”. Fue su presidente Benjelloun quien convocó una reunión en Madrid el pasado día 9 de septiembre a la que acudieron hasta 24 entidades, entre ellas la Federació Islàmica Catalana d’Entitats Religioses (FIC), críticas con esta propuesta. Las otras dos federaciones catalanas, la del Consell Islàmic i la de la Unió de Comunitats Islàmiques (Ucidcat), se han mostrado discretamente a favor. Mohamed El Ghaidouni, responsable de Ucidcat, entiende que del convenio del 92 se desprende que es necesario también crear comisiones islámicas autonómicas y que en el futuro debería designarse también un representante único ante la Generalitat.
El proyecto ha levantado recelos entre algunos juristas, y la Feeri ya ha anunciado un recurso. El abogado y experto en cuestiones religiosas Iván Jiménez-Aybar, consultado por este diario, opina que “si en 2011 la práctica totalidad de las entidades islámicas consideraron adecuada a Derecho la intervención de la Administración, no hay motivo alguno para que ahora se opongan al proyecto, ya que su sustento jurídico es el mismo”. Y asegura: “Se podrá alegar que vulnera la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (autonomía de las confesiones a la hora de establecer sus normas de organización), pero ese mismo precepto también establece que esas normas no pueden ir en perjuicio de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. Y si el bloqueo en la CIE impide el ejercicio del derecho de libertad religiosa de miles de musulmanes, se puede defender que la Administración está obligada y habilitada legalmente a intervenir”.

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