La vicepresidenta de la Junta asegura que «no habrá avalanchas»

Castilla y León podría acoger a unos mil refugiados en el plazo de dos años. Esta es la cifra con la que trabaja el Ejecutivo regional, según la vicepresidenta Rosa Valdeón, que ayer mantuvo un encuentro con el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Francisco Vázquez, para avanzar en la coordinación entre administraciones y poner en marcha el dispositivo que permita dar una cobertura integral a los desplazados.

Aunque no hay ninguna fecha concreta para su llegada, Valdeón explicó que se producirá de forma «paulatina, no habrá avalancha y será una llegada que vamos a poder asumir con normalidad». «Nunca va a preocupar el número sino que se haga bien el proceso y podamos apoyarles», puntualizó.

Hasta ese momento, desde la Junta se trabajará en coordinación con los ayuntamientos, diputaciones y ONGs para dar respuestas a las necesidades de los refugiados. En la propia Administración regional se creará un grupo de trabajo bajo la tutela de la vicepresidenta y con el apoyo de la Consejería de Familia y de todas las que tienen servicios sociales, como Educación, Sanidad y Vivienda. La primera actuación, según señaló la vicepresidenta, es la elaboración de un inventario de los recursos de que se dispone para dar alojamiento a los desplazados.

«Tendrán los mismos derechos que cualquiera de nosotros», apuntó la vicepresidenta, en Sanidad, Educación y Empleo, por lo que «sin prisa pero sin pausa tenemos que estar preparados» y por eso esa primera reunión con la Federación de Municipios para que traslade la información a todos los ayuntamientos.

De esta forma, el primer aspecto en el que ya se trabaja es en el alojamiento, ya que posteriormente ser realizarán valoraciones individuales para que puedan integrarse y rehacer su vida si lo desean. En principio, durante los primeros meses se plantearán alojamientos colectivos, siempre respetando la privacidad de las familias, que posteriormente podrían convertirse en viviendas individuales. De momento, la Junta está haciendo el listado de los recursos de que dispone mientras que la Federación de Municipios va a solicitar esa misma información a los ayuntamientos y diputaciones para, posteriormente, trasladar todos los datos al Gobierno de España. Se trabaja con la idea de que la primera acogida se realice en albergues, residencias, colegios e, incluso, establecimientos hosteleros.

En cuanto a la integración laboral, Rosa Valdeón señaló que el propio Ecyl tiene fórmulas para este tipo de personas que necesitan la adaptación de su formación o el aprendizaje del idioma. Estas medidas, en función de las necesidades, se pueden ir ampliando porque «son ciudadanos que tendrán nuestros mismos derechos, ya que a partir de seis meses tienen autorización para trabajar». En cualquier caso, insistió en que la llegada de refugiados es una «oportunidad» porque «son personas que pueden integrarse en nuestra tierra». Además, no cree que la falta de acuerdo entre los ministros de interior de la Unión Europea pueda condicionar el calendario porque «entiendo que esos desencuentros son coyunturales pero los acuerdos básicos de integración y acogida ya están».

Por su parte, el presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, Francisco Vázquez, insistió en la necesaria solidaridad de los ciudadanos y de las institución pero también en la coordinación «para que esto no se convierta en una jaula de grillos y una carrera a ver quién es más solidario». Reconoció, no obstante, que todos los ayuntamientos y diputaciones «se han puesto a trabajar por su cuenta, lo que pasa es que unos lo han dicho y otros no». «Ahora lo que hace falta es que haya coordinación entre todos», concluyó.