Los ministros de Interior de la UE no han logrado hoy un acuerdo sobre el reparto de 120.000 refugiados llegados a Hungría, Grecia e Italia, por lo que solo se publicará una declaración de la presidencia de turno luxemburguesa y se retrasará la decisión al 8 de octubre, según informan fuentes europeas.

El ministro español del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado poco antes del término del encuentro que había una serie de países que tenían problemas con el carácter obligatorio del mecanismo de reparto.

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Las referencias a que el programa de reubicación fuera obligatorio ha sido uno de los problemas para el consenso, según han indicado fuentes diplomáticas, que han apuntado al grupo de Visegrado (Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia) y Letonia como las delegaciones que han bloqueado el pacto.
La ONU y el Papa “imploran” un sistema justo de flujos migratorios

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, “ha implorado” hoy a la comunidad internacional para que establezca un sistema efectivo de regularización de los flujos migratorios basado en principios de humanidad.

“Urjo a los países europeos que, basándose en los sentimientos humanitarios surgidos en sus sociedades, creen una estructura de organización de la inmigración mucho más completa, más elaborada, más humana y más efectiva”, ha indicado Zeid a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunidos en la ceremonia inaugural de su trigésima sesión.

“Los estados tienen el derecho soberano de proteger sus fronteras y de determinar las condiciones de entrada y estancia en sus territorios. Pero también tienen la obligación de respetar la ley de derechos humanos, la ley sobre refugiados y la ley humanitaria internacional”, ha recordado Zeid.

Por su parte, el Papa ha abogado por acoger a los refugiados “tal como vienen” a Europa y ha considerado que la oleada de migraciones también es fruto de un sistema “socioeconómico malo e injusto”.

En una extensa entrevista a la radio católica portuguesa “Renascença”, el Sumo Pontífice también expresó su preocupación por la falta de empleo juvenil y juzgó que Europa necesita a los inmigrantes para no envejecer. No obstante, ha alertado de “un peligro de infiltración terrorista” por la proximidad geográfica de organizaciones como el Estado Islámico (EI).

Alemania y Francia habían adelantado previamente un acuerdo político que finalmente ha resultado fallido para repartir en la Unión Europea a 160.000 refugiados en dos años, una cifra que incluye las dos medidas propuestas por Bruselas desde mayo para distribuir a 40.000 y a 120.000 personas.

Declaración

Al frustrarse el acuerdo, el texto sobre el que trabajaban los ministros ha quedado en una declaración de la presidencia luxemburguesa que recoge el compromiso de una mayoría de Estados miembros con el proyecto. El objetivo es avanzar en el trabajo técnico durante las próximas semanas, de cara a perfilar un acuerdo definitivo en la próxima reunión de ministros de Interior, el 8 de octubre.

Aunque las normas de la UE exigen unanimidad para cerrar un texto que dé respaldo político a una decisión, en la práctica no será necesaria dicha unanimidad para acordar el programa y bastará que los países favorables sumen una mayoría cualificada.

El presidente del Consejo, Donald Tusk, amenazó días atrás con convocar una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en septiembre si no se producían avances de calado en la cita del lunes. Asselborn, sin embargo, ha recalcado que el consejo de ministros europeos puede tomar decisiones sin necesidad de unanimidad y que, en este caso, cuenta con una mayoría “muy, muy amplia”.

Pese a estas diferencias, los ministros sí han logrado un acuerdo unánime para activar el primer programa de reubicación de demandantes de asilo llegados a Italia y Grecia, para el que Bruselas quiere 40.000 plazas. Por el momento, los Estados miembros sólo han comprometido 32.000, incluidas 1.300 para España.

Los países tienen hasta final de año para pactar “entre todos” el reparto de las 8.000 plazas restantes para lograr el objetivo de reubicar a 40.000 personas con derecho a la protección internacional.