«El objetivo es limitar el flujo de refugiados que llega a Alemania y volver a un proceso ordenado». Con estas declaraciones el titular de Interior, Thomas de Maizière, anunciaba ayer la decisión del Gobierno de Berlín de reimplantar los controles en la frontera con Austria, al menos de manera temporal. De Maizière calificó la medida de «necesaria», apelando a razones de seguridad, e insistió en que la decisión fue adoptada por todos los miembros de la coalición de Gobierno, que incluso consultaron con el Ejecutivo de Viena. «No se puede abusar de la solidaridad alemana», apuntó el ministro cristianodemócrata, que aprovechó para reiterar su llamada de solidaridad a todos los países europeos.

Además de esta medida, que supone la suspensión inmediata del tratado de Schengen de libre circulación de personas en Europa, el Ejecutivo de Angela Merkel ya ha puesto en marcha su potente maquinaria: hasta 4.000 policías han sido enviados a Múnich, la capital del estado federado de Baviera, para practicar controles regulares de pasaportes.

Precisamente desde Múnich, adonde 500 personas llegan cada hora para ser enviadas después en tren a otras partes del país, las autoridades advirtieron de que la capacidad de sus centros de acogida está al límite. El propio alcalde Dieter Reiter lanzó la voz de alarma al asegurar que sencillamente ya no puede garantizar que la gente vaya a tener un techo bajo el que pasar la noche.

Más de 40.000 personas pisaron suelo alemán el pasado fin de semana. Los últimos dos días se han sumado al menos otras 23.000. Alemania ha recibido el mayor número de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

La situación es dramática desde que la canciller decidiera abrir la frontera a miles de refugiados. Una decisión que aplaudió gran parte de la ciudadanía; no así la política. Es más, los cristianos bávaros de la CSU el socio más conservador de Merkel del Gobierno de coalición la calificaron de «errónea» y no tardaron en acercarse a dialogar con el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, que ahora mismo encarna la postura menos solidaria frente a la crisis.

De hecho, el nuevo restablecimiento de fronteras solo parece haber caído bien a Orbán y al líder de la CSU. El propio Horst Seehofer no ha tardado en decir que, pese a que por el momento la medida se aplicará solo a la frontera con Austria y hasta la 6.00 horas de hoy, no descarta una posible ampliación.

Hace apenas unos días, el vicecanciller socialdemócrata Sigmar Gabriel aseguraba en una entrevista que la primera potencia europea se encuentra en situación de acoger anualmente a medio millón de refugiados durante varios años. No obstante, la realidad es que esta vez la presión política se ha impuesto al populismo.

Aún está por ver si Alemania, y más concretamente De Maizière, conseguirá hoy que los ministros de Interior de la UE consensúen una postura común. Todo apunta a que será una tarea complicada, pues Hungría, República Checa, Eslovaquia y Polonia se oponen a las cuotas obligatorias para repartir a 120.000 refugiados.
El cierre húngaro apresura el éxodo

Ante la entrada en vigor mañana de la nueva ley en Hungría que pena con tres años de cárcel la entrada ilegal a su territorio, miles de personas se apresuran a cruzar la frontera desde Serbia. Solo el sábado llegaron al país 4.330 personas, un nuevo récord para un solo día. En la siguiente parada, Austria, la Policía esperaba unas 10.000 entradas al final del día, la cifra más alta desde que abrió su frontera. La última ocurrencia del Gobierno húngaro es proponer a la Comisión Europea que envíe una fuerza conjunta a Grecia para defender las fronteras de ese país «y así también las europeas», en palabras de su ministro de Exteriores, Péter Szijjártó.