Les Corts Valencianes han convalidado hoy, con los votos a favor del PSPV, Compromís, Ciudadanos y Podemos y la abstención del PP, el decreto ley que ha devuelto la cobertura sanitaria a las personas extranjeras en situación administrativa irregular.

La consellera de Sanidad, Carmen Montón, ha defendido este decreto en un pleno extraordinario del parlamento valenciano, el primero del período de sesiones, y se ha mostrado orgullosa de que su primera intervención en Les Corts sea para presentar una medida que recupera “parte de la dignidad que se nos ha querido arrebatar”.

La normativa devuelve la cobertura sanitaria a 30.000 personas hasta ahora excluidas del sistema público de sanidad, a las que se concederá una tarjeta sanitaria similar a las SIP convencionales, tendrán acceso a la cartera básica de servicios, se les asignará un facultativo de medicina general y contarán con la prescripción de medicamentos en receta oficial y de prestaciones ortoprotésicas.

Para acceder a la tarjeta el ciudadano debe ser extranjero mayor de edad, estar empadronado en algún municipio de la Comunitat un mínimo de tres meses y no debe tener cobertura sanitaria ni en España ni por parte de un seguro sanitario, una mutua o un tercer país.

Montón ha afirmado que con esta medida se pretende dar solución “al problema” creado por el Gobierno de Mariano Rajoy, con la aprobación del decreto 16/2012 que, según ha dicho, dejó sin cobertura sanitaria a unas 127.000 personas en la Comunitat Valenciana, y cuya derogación seguirán exigiendo.

Ha destacado que en el mes en que lleva en vigor el decreto del Consell un total de 2.800 personas han recuperado el acceso a la atención sanitaria, y ha valorado que en estos meses el Gobierno valenciano sea referencia “no por la corrupción o saqueo” sino por “devolver derechos”.

La portavoz adjunta del PP María José Català ha denunciado que el decreto supone “una injerencia clara en las competencias del Estado”, pues es a éste a quien corresponde establecer el núcleo básico de beneficiarios, al tiempo que ha defendido que durante la etapa de gobierno del PP “nadie se ha quedado sin prestación Sanitaria”.

El resto de grupos han dado su apoyo a la convalidación del decreto, pues, según el socialista Ignacio Subías, responde a “criterios de justicia social, equidad y dignidad”, y para el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, era una demanda de la sociedad civil.