El regreso de Nicolás Maduro a Venezuela, tras concluir su gira asiática en busca de fondos económicos, no ha rebajado la tensión fronteriza con Colombia. Todo lo contrario. «He ordenado un estado de excepción en Guajira, Mara y Almirante Padilla. Estos municipios son objeto de un ataque inclemente de grupos irregulares, paramilitares, delincuentes. Esa sería la zona número tres [en la que se decreta el estado de excepción]. Ya anunciaremos más decisiones con respecto a más municipios del estado Zulia», advirtió el mandatario.

El Gobierno bolivariano también ordenó el cierre del paso fronterizo de Paraguachón, que separa Zulia de Colombia en la frontera norte, y el despliegue de unos 3.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

La decisión gubernamental se produjo a petición del comandante Francisco Arias Cárdenas, gobernador del Zulia y uno de los militares más poderosos del chavismo. Cárdenas lideró junto a Hugo Chávez el golpe de Estado de 1992 contra Carlos Andrés Pérez con distintos resultados: mientras el Comandante supremo se vio obligado a rendirse en Caracas, su compañero sí logró tomar Maracaibo, capital del estado zuliano y segunda ciudad del país. Estos tres municipios del norte se han sumado a los otros 10 del sur, en la frontera con Cúcuta, que ya se encuentran en estado de excepción desde mediados de agosto.

El discurso de Maduro repite la misma estrategia desde su llegada al poder, como si se tratase del ding dong de un reloj: primero atacó con saña al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos –«usted está atrapado sin salida en el odio de la oligarquía colombiana que lo rodeó. Cuente conmigo, con un amigo, para acabar con el paramilitarismo en la frontera. Defendiendo al pueblo de Venezuela estoy defendiendo al pueblo de Colombia también. Estoy seguro de que salgo a una calle de Colombia a caminar y lo que puede pasar es que griten: ¡Viva Chávez!»– para luego mostrarse conciliador –«yo extiendo mi mano para restituir un diálogo respetuoso, de altura, entre dos jefes de Estado»–.

Maduro ha llegado incluso a acusar a Bogotá de estar detrás de una conspiración para asesinarle. Y no es la primera vez. «Han llamado a que me maten en sus narices», le reclamó al mandatario vecino, además de asegurarle que no está dispuesto a cumplir las exigencias de Santos tras producirse el retorno exprés de 18.619 colombianos a su país, según el último informe de la ONU.

En este grupo de personas llegadas de Venezuela, muchos de ellos con sus casas a cuestas, destacan los 1.355 deportados a la fuerza por los militares. Entre ellos, 154 son sujetos de protección internacional. Y 709 son víctimas previas del conflicto colombiano.

Bogotá, a través de su canciller María Ángela Holguín, insistió ayer en sus condiciones para reanudar el diálogo, para las que cuenta con el respaldo de la OEA: «Que les empiecen a devolver sus cosas, que a los niños que están separados de sus padres (los padres colombianos dejaron a sus hijos en Venezuela) les puedan traer a Colombia y que los niños que viven en Venezuela y estudian en colegios de aquí puedan ir a estudiar y volver». La última exigencia se ha cumplido, al abrirse un corredor humanitario para que los niños puedan pasar de lado a lado. Algo parecido se ultima para los enfermos que buscan medicamentos en el país vecino.

La firmeza de Santos, reclamada durante años por la mayoría de sus conciudadanos, ya le ha reportado una subida en las encuestas. El mandatario, firme defensor de la paz con la guerrilla, recabó en las últimas horas el apoyo del 33% de los encuestados.

El tan cacareado encuentro entre Maduro y Santos está en el alero diplomático tras las últimas declaraciones. Unos y otros miden sus fuerzas y sus intereses. Del lado chavista, la campaña nacionalista con vistas a las elecciones parlamentarias del 6-D. Del colombiano, la situación de una frontera maltratada y la cercanía de las elecciones municipales y regionales del mes que viene. «No me huya más», reclamó Maduro, pese a todo, en la noche del lunes.