Las potencias petroleras árabes temen que los refugiados – pese a ser musulmanes y en su mayoría suníes – desestabilicen sus sistemas y los privilegios de príncipes y clérigos

Más de cuatro millones de refugiados sirios se hacinan en campamentos míseros de las vecinas Turquía, Líbano, Jordania e Irak. Centenares de miles han emprendido o se disponen a hacerlo la travesía desesperada a Europa – junto a afganos, iraquíes y otras nacionalidades – , aunque muchos han perecido y otros seguirán muriendo en el Mediterráneo. ¿Por qué no huyen a los ricos países árabes del Golfo Pérsico, donde les espera un éxodo mucho más seguro y un futuro confortable?

Los refugiados, tanto políticos como económicos, optan por Occidente y están dispuestos a pagar cualquier precio. Pero existe también un rechazo recíproco por parte de las petromonarquías del Golfo Pérsico. Más allá de algunos gestos aislados dirigidos a la galería, Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos han dado olímpicamente la espalda a los desesperados que se han visto desplazados, por millones, por los conflictos armados en la región.

Las autoridades saudíes han deslizado la tesis de que una llegada masiva de sirios a su territorio crearía problemas de seguridad. Riad siempre ha sido rival de la dictadura de Damasco, y teme un afán de revancha. El argumento no se sostiene: la inmensa mayoría de los refugiados y desplazados sirios no son chiíes – la secta musulmana de los Assad – sino suníes, la corriente musulmana mayoritaria que tiene su epicentro en Arabia Saudí.

Sí es más convincente el argumento del temor cerval de las ricas monarquías del Golfo a que una ola migratoria de musulmanes ponga en peligro su frágil sistema social y político. Arabia Saudí es un caso paradigmático. El país vive de las rentas del petróleo, y del trabajo de sus millones de inmigrantes asiáticos. El poder político reside en una elite – encabezada por los 7.000 príncipes – y el poder religioso obedece a los dictados de la secta más radical del islam, la wahabí, que otorga legitimidad a la monarquía absoluta a cambio de privilegios y control de la sociedad. Los inmigrantes – en su mayoría procedentes de la India, Filipinas y Sri Lanka – son extranjeros y dóciles, y viven siempre bajo el riesgo de ser deportados al menor gesto de insubordinación. Son casi un tercio de la población – nueve millones, en una población de 31 millones – pero 9 de cada 10 trabajadores de la empresa privada saudí son extranjeros. Las rentas del petróleo sostienen el sistema de funcionarios, y pese a ello no dan abasto: un elevado porcentaje de saudíes están en paro y generan un clima de malestar social, que iría a más si los recursos del régimen tuvieran que ser compartidos con centenares de miles de refugiados sirios o iraquíes.