pamplona – La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado por los delitos de cohecho y falsedad documental a tres ciudadanos de origen marroquí, dos hombres y una mujer, acusados de regularizar ilegalmente en la Comunidad Foral a compatriotas suyos, que pagaban cantidades que oscilaban entre los 2.000 y los 5.000 euros por obtener los certificados de empadronamiento falsos. Dichos documentos eran expedidos por una funcionaria de Murcia que ya fue condenada el año pasado a 4 años de prisión, junto a otros tres acusados que aceptaron 2 años de cárcel, misma pena a la que han sido condenados ahora los tres nuevos condenados, que actuaban de intermediarios.

Según se declara probado por conformidad de las partes, con motivo de investigaciones policiales se tuvo conocimiento de que un grupo de personas, al menos desde 2009, venía facilitando a extranjeros en situación irregular la documentación necesaria obtenida de forma ilegal para así conseguir su regularización. La mayoría de los casos se resolvían con certificados de empadronamiento de la localidad murciana de Moratalla, con los que completaban el periodo de tres años necesario para obtener la tarjeta de residencia por arraigo extraordinario, tras su oportuna presentación en la Delegación del Gobierno en Navarra. C.D., residente en Rincón de Soto (La Rioja), y el acusado B.A., residente en la localidad navarra de Carcastillo, eran quienes desde la Comunidad Foral se ponían en contacto con compatriotas que necesitaban regularizar su situación.

Para ello les pedían importantes cantidades de dinero asegurándoles que la documentación que obtenían era verdadera, sin poner en su conocimiento de que los certificados en realidad los expedía la también acusada A.M.H.M., funcionaria del Ayuntamiento de Moratalla, a través de tres intermediarios: A.F., A.M. y J.D.

de 2.000 a 5.000 euros Para ello, los dos procesados que operaban desde Navarra buscaban inmigrantes indocumentados a quienes previo concierto de una cantidad de dinero, que rondaba los 2.000 euros, aunque en algunos casos llegaron a cobrar importes superiores, como 3.000 y 5.000 euros, les solicitaban la entrega de una copia de su pasaporte y de un certificado actual de empadronamiento que enviaban a un contacto en Murcia que lo entregaba a otros intermediarios.

Toda esa documentación acababa en manos de A.M.H.M., que desde su puesto de funcionaria confeccionaba los certificados de empadronamiento, cobrando todos los implicados una parte del dinero. En este sentido, la funcionaria del Ayuntamiento de Moratalla, a lo largo de 2009 y hasta febrero de 2010, reconoció haber realizado hasta 50 certificados por 800 euros cada uno, en los que hacía constar que los inmigrantes irregulares había estado residiendo en distintos domicilios de Moratalla. – J.M.S.