La Policía Nacional ha desarticulado en Tarragona un grupo organizado dedicado a la trata de personas con fines de explotación laboral. En total se han producido seis detenciones de personas que tenían explotadas a 42 trabajadores en el sector hostelero.

Las víctimas, originarias de la India, llegaban a trabajar hasta quince horas diarias sin días de descanso y eran sometidas a coacciones y amenazas por parte de los integrantes de esta red. Los trabajadores eran alojados en domicilios en los que hasta cinco personas llegaban a ocupar espacios de reducida habitabilidad con escasas condiciones de higiene .

Durante la operación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona, se han practicado siete registros domiciliarios e inspeccionado catorce locales en los que ha colaborado Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Tarragona y las Policías Locales de Salou y Vila – Seca.

La colaboración e información directa recibida por parte de los ciudadanos fue la que llevó a los agentes a comenzar las investigaciones el pasado mes de enero. En las investigaciones realizadas, la policía ha comprobado cómo un grupo integrado por diferentes personas de origen indio y familiares entre sí, actuaba de manera estructurada en diferentes locales y establecimientos de hostelería de su propiedad, en las localidades de Salou y Vila – Seca.

La familia al completo

El entramado familiar estaba compuesto por seis personas de origen indio, de las que cuatro tenían nacionalidad española. El padre, cabeza de la trama, establecía las directrices al resto de los miembros. Los dos hijos se encargaban de supervisar y administrar los diferentes locales, recaudando el dinero en ellos generado. La mujer, a su vez, colaboraba con actividades de mantenimiento y control de los locales.

El líder de la trama contaba con un hombre de confianza que actuaba en su representación para la ejecución de diferentes tareas. Un último miembro, conocedor de las condiciones de los trabajadores, figuraba como administrador de las sociedades que controlaban los distintos establecimientos hosteleros.

Los trabajadores aceptaban los contratos movidos por la necesidad de regular su situación en nuestro país y enviar dinero a sus familias en los lugares de origen. De esta situación se aprovechaban los miembros del clan, amenazándoles con no renovarles su contrato. El sueldo lo percibían en metálico, sin justificante de pago y de manera totalmente irregular al final de cada jornada de trabajo, descontándoles en ocasiones gastos de manera injustificada por alquiler o alimentación.

Contratos no respetados

Las condiciones de trabajo acordadas no eran respetadas, ya que los trabajadores eran sometidos hasta a quince horas de trabajo, sin días de descanso, cuando en sus contratos figuraban de dos a cuatro. Con frecuencia y de manera injustificada eran reubicados en los diferentes locales de los que disponía la trama. Se les exigía, además, anticipar seis meses de cuotas a la Seguridad Social para asegurar y mantener su contrato de trabajo, el cual es indispensable para la renovación anual de su permiso de residencia.

La red actuaba a través de empresas y sociedades relacionadas con el ramo de la hostelería, que daban de baja en el plazo de uno o dos años, si bien su estructura era siempre la misma. Para eludir la declaración del dinero recaudado utilizaban un entramado de cuentas bancarias, en las que realizaban ingresos de poca entidad para pago de recibos, manejando el resto en mano.

De igual manera, la policía ha comprobado cómo en las transferencias internacionales que realizaban nunca superaban la cifra de 3.000 euros establecida por la normativa para la prevención del “blanqueo de capitales”, siendo diferentes personas las que las ordenaban.

Euros, dólares, libras, rupias y rublos

En los registros efectuados se ha intervenido, además de numerosa documentación, vehículos de alta gama, más de 40.000 euros, 864 dólares USA, 250 libras esterlinas, 20.810 rupias indias, 160 rublos rusos, así como diverso material tecnológico e informático. También han sido arrestadas dos personas alojadas en uno de los pisos de la red sobre las que pesaban sendas reclamaciones judiciales.

A los detenidos se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, contra los derechos de los trabajadores, defraudación a la Seguridad Social y favorecimiento de la inmigración ilegal.