Primera reunión de la comisión interministerial para crisis refugiados

Diario de Navarra, EFE.MADRID, 06-09-2015

A la reunión, asistirán los ministros del Interior, de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y de Empleo y Seguridad Social
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preside este lunes la primera reunión de la comisión interministerial para gestionar la crisis de los refugiados, después de que el presidente, Mariano Rajoy, haya anunciado que España no va a negar el derecho de asilo a nadie.
A la reunión, asistirán los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz; de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso; y de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
La comisión, que también está integrada por los departamentos de Exteriores, Justicia, Educación y Defensa, abordará un drama que el Gobierno ha dicho que hay que afrontar de forma coordinada y solidaria.
Precisamente, esta cita interministerial analizará la situación de los refugiados antes de la reunión de la Comisión Europea, que el próximo miércoles presentará una estrategia para el reparto de 120.000 refugiados entre los Estados miembros, así como una lista de “países seguros”, una medida dirigida a agilizar la tramitación de las demandas de asilo.
El Gobierno ha encargado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que convoque en los próximos días una reunión sectorial para coordinar este asunto con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
España, que defiende una “política común e integral europea” en materia de inmigración y asilo, ya asumió en el mes de julio el acogimiento de más 2.700 personas, pero como reconoció la vicepresidenta el pasado viernes, tras los acontecimientos de las últimas semanas habría que hablar de “otro volumen”.
El presidente del Gobierno ha prometido que España “será solidaria” en la acogida de refugiados y ha reclamado una política global de inmigración y asilo para toda la Unión Europea (UE).
“Europa debe tener una política global de asilo y de inmigración” que sea “seria, sensata y razonable y con reglas de juego”, señaló Rajoy en la escuela de verano de su formación política, clausurada el fin de semana en la localidad catalana de Lloret de Mar.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ofrecido al Gobierno, a las fuerza políticas y a los agentes sociales y empresariales un “acuerdo institucional social y político que de una respuesta conjunta a nivel nacional” a la crisis de los refugiados y que esté “liderada por el Gobierno de España”.
El líder del PSOE ha garantizado que las comunidades y ayuntamientos gobernados por su partido están “dispuestos a aportar medios en el marco de sus competencias”, pero ha insistido en la urgencia de concretar en un “plan de protección y acogida” las necesidades de acogida, sanitarias, de educación y acompañamiento" de los refugiados que vengan a España.
El drama de los refugiados ha provocado una ola de solidaridad desde diversas localidades españolas y distintos colectivos de ámbito político y social.
A la iniciativa de crear una red de ciudades – refugio en España, promovida la semana pasada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se han ido sumando o han anunciado que lo están estudiando ciudades como Madrid, Valencia, Alicante, Zaragoza, A Coruña, Pamplona, Palma, Bilbao, Vitoria, San Sebastián, Murcia, Cartagena, Cádiz, Gijón, Toledo o Elche.
El presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna, ha expresado estos días la “voluntad” de este organismo de coordinar a todos los ayuntamientos y se ha mostrado “absolutamente convencido” de que existe por parte de los más de 8.000 ayuntamientos españoles la “misma solidaridad” para apoyar a los refugiados que puedan llegar a España, “lo hayan expresado o no”.
La Red Española de Inmigración ha pedido al Ejecutivo que tenga en cuenta a las ONG en las reuniones convocadas para atender la crisis de los refugiados, al mismo tiempo que ha mostrado su satisfacción “por el aparente cambio de rumbo” del Gobierno, que ha atribuido a “la presión ciudadana y a la postura adoptada por las ciudades y gobiernos autonómicos”.

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