El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, cumple hoy 100 días de mandato, tres meses que han puesto a prueba su capacidad de liderazgo con crisis internacionales de gran envergadura como la que mañana le llevará a la frontera de Colombia y Venezuela.

Veterano diplomático, Almagro ha tratado de sortear las limitaciones de su cargo y la división que bloquea a la OEA con una política más de hechos que de palabras en la que las visitas han reemplazado a las grandes declaraciones.

La última señal de su estilo la ha dado con la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela: se ha medido al milímetro en sus pronunciamientos pero mañana estará en la ciudad colombiana de Cúcuta para conocer de primera mano la situación de las colombianos deportados y huidos de territorio venezolano.

Esa imagen, que puede irritar a Venezuela, será posiblemente un consuelo para Colombia después del fracaso diplomático que el pasado lunes la llevó a perder a última hora y por un sólo sufragio la votación para convocar una reunión de los 34 cancilleres sobre esta crisis.

En esa reunión del Consejo Permanente quedó patente también que Almagro está lejos de conseguir una de sus grandes metas: devolver relevancia a la OEA en un contexto de alianzas regionales en ascenso, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Almagro no salió a defender el papel del organismo por respeto a lo decidido por los países, pero dejó claro que su OEA no guarda silencio ni se achica ante las crisis, como muchos críticos decían de la de su predecesor, José Miguel Insulza.

Se reunió al día siguiente con el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Lobo, hizo suyo un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y anunció una visita inmediata a la frontera.

En el caso del conflicto migratorio entre la República Dominicana y Haití, Almagro también actuó y envió una misión con el encargo de elaborar un informe que alertaba sobre la situación precaria de los desplazados y el riesgo de que algunas personas quedaran sin ninguna nacionalidad reconocida.

Su intervención le valió duras críticas del Gobierno de Santo Domingo, contrario a que la OEA se inmiscuya en su política migratoria, y también por unas palabras sobre la isla La Española, que se interpretaron como que insinuaba una unificación entre la República Dominicana y Haití, lo que desmintió.

Poco después de ese traspiés, se granjeó simpatías al deplorar en un discurso los actos de la OEA que “validaron” en 1965 la invasión estadounidense y “la intervención en este país torciendo el camino soberano elegido por su pueblo”.

Si algo obsesiona a Almagro, según cuentan quienes le conocen bien, es que a su OEA no se le puedan reprochar silencios ni ausencias en materia de Derechos Humanos y democracia.

Por eso ha querido materializar una de sus frases más significativas, “yo soy Gobierno y soy oposición”, al añadir a sus visitas oficiales reuniones con la oposición de Uruguay, Guatemala, Jamaica, Venezuela y Belice.

La que más coste ha tenido para Almagro fue la que mantuvo en Washington el 27 de julio con el opositor y excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles, un encuentro que impidió un visita prevista a Venezuela.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, le advirtió que “o se está con los pueblos o se está con el imperio”, y el vicepresidente de Desarrollo del Socialismo Territorial, Elías Jaua, le acusó de ser un “antivenezolano” y un “traidor”, a lo que no respondió.

La política de más hechos y menos palabras, le permite decir que, en sus primeros 100 días, la OEA, con todas sus deficiencias, no ha estado dormida ni escondida cuando arreciaba tormenta.

La Asamblea General de junio en Washington, de la que se esperaban pocos resultados, se saldó con una resolución ágil y unánime (dos adjetivos poco frecuentes en la OEA) que rechazaba “toda ruptura del orden constitucional” en Guatemala y pedía mantener la fecha electoral del 6 de septiembre.

Ayer, Almagro felicitaba a Guatemala por haber salido de sus crisis sin violencia y por la vía institucional, tras la renuncia del presidente, Otto Pérez Molina, por un caso de corrupción.

El excanciller de Uruguay y curtido diplomático es un “luchador” que, según quienes trabajan con él, mantiene el optimismo con el que el pasado 26 de mayo asumió el reto nada fácil de reflotar la OEA, un barco en el que comparte timón con 34 capitanes divididos por ideología e intereses nacionales y que en algunos casos cuestionan la utilidad del propio navío.