La semana pasada aseguraba que la capacidad de acogida a los refugiados “está saturada”, que España ya acogía “a muchos inmigrantes en situación irregular” y eso debía tenerse en cuenta. No aceptarían, subrayaba, más refugiados del plan europeo. Este viernes, la misma que pronunciaba estas palabras, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha anunciado la creación de una comisión específica interministerial que convoque a las comunidades y una representación de los municipios para estudiar “la mejor manera para acoger” los demandantes de asilo que pide la Comisión Europea.

Con este fin creará “un grupo de trabajo de los distintos ministerios implicados” que convocará una conferencia sectorial de Migraciones junto a la Federación de municipios y provincias y las comunidades autónomas, ha explicado. La dirección correrá a cargo de Santamaría, según ha anunciado la propia vicepresidenta en la reunión posterior al Consejo de Ministros.

Según ha anunciado el grupo de trabajo se reunirá por primera vez el próximo lunes para celebrar la conferencia sectorial de migraciones la semana siguiente. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, será la encargada de convocar el encuentro.

A raíz de las iniciativas de diferentes ayuntamientos y comunidades autónomas de destinar recursos a la acogida de refugiados, varias ONG de refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) habían pedido al Gobierno la “coordinación” de todas las propuestas para poder acoger al menos la cifra de demandantes de asilo que pide la Comisión Europea. En este sentido, la vicepresidenta ha reconocido la necesidad de “poner en común” las capacidades que tienen todas las administraciones. “Es una política de Estado”, ha añadido Santamaría.

La respuesta gubernamental ante las exigencias europeas de distribuir de forma equitativa a los refugiados por la Unión Europea se ha resistido. Durante el pasado mes de abril comenzaron los debates europeos acerca de la creación de un plan comunitario de reubicación y reasentamiento de solicitantes de asilo. Este programa elaborado por la Comisión Europea establecía una serie de cuotas para cada uno de los estados miembros.

A España le correspondía incialmente la recepción de 4.288 sirios y eritreos, procedentes de Italia y Grecia, y el reasentamiento de 1.549 solicitantes de asilo desde países no comunitarios. El Gobierno tachó la cifras de “desproporcionadas” e “injusta” y exigía a la Comisión unos criterios de reparto diferentes, que diesen mayor importancia el paro registrado en el país. Finalmente, ante e rechazo de todos los Estados miembros, la inciativa se quedó en un mecanismo voluntario. España se comprometió a la mitad del número de demandantes de asilo que le correspondía.

Este viernes Santamaría no ha hecho referencia a la “saturación del sistema de acogida” ni al criterio “injusto” de la Comisión Europea. Sus declaraciones han compuesto un alegato a la “solidaridad europea” ya la necesidad de acoger de forma “ordenada”. “No es solo acoger, es integrar”, ha enfatizado la vicepresidenta.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y las ONG encargadas de la acogida en España llevan años denunciando la falta de recursos destinados al asilo mientras las solicitudes de protección internacional se han duplicado. La falta de un aumento proporcional de los fondos ha debilitado el sistema de acogida español en estos últimos años. Muchos refugiados acaban en la calle a los seis meses de llegar a España, cuando aún no han logrado integrarse.