No son mayoría, pero cada vez son más. Desde que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, planteara la creación de una red de ciudades refugio, hace exactamente una semana, más de 55 Ayuntamientos han anunciado que están dispuestos a recibir a inmigrantes, a esos que llegan a Europa huyendo de conflictos como el de Siria. La mayoría de los regidores son socialistas, por ejemplo, los de Córdoba, Huelva, Palma de Mallorca, Toledo o Valladolid. O son los llamados “alcaldes del cambio”, de unidad popular o de las mareas, como los de Madrid, Cádiz, Zaragoza o A Coruña. O también pertenecen a otras formaciones de izquierda como Compromís en Valencia.

La mayor crisis de refugiados que vive Europa desde la Segunda Guerra Mundial ha encontrado respuesta en los Ayuntamientos, aunque los trabajos y ofrecimientos varían, según los presupuestos, pero también según el signo político. Algunos Consistorios, como el de Madrid, ya han adelantado en qué consistirá la ayuda, por ejemplo, cuánto dinero pueden ofrecer, qué planes han emprendido o emprenderán, el número de plazas disponibles… Otros, en cambio, se han sumado a la iniciativa sin detallar todavía qué ponen sobre la mesa. Un tercer grupo, principalmente del PP, ha ofrecido colaborar, pero únicamente bajo la coordinación del Gobierno central.

Entre los Ayuntamientos que ya han empezado a trabajar está el de Barcelona, que está canalizando la “avalancha” de mensajes de colaboración de los ciudadanos a través de una dirección de correo electrónico (ciutatrefugi@bcn.cat) y un registro de familias dispuestas a recibir a refugiados. El de Madrid, a cargo de Manuela Carmena (Ahora Madrid), ya ha habilitado una partida de 10 millones de euros para poner en marcha un plan que ofrezca protección “integral”. El de Marbella, con José Bernal (PSOE) a la cabeza, está creando una bolsa de voluntarios y una red hogares.

La mayoría de Ayuntamientos no se ha pronunciado, aunque eso no significa necesariamente que no se unirán a las iniciativas de los Gobiernos autonómicos o el Ejecutivo central. Otros sí que se han pronunciado, pero en sentido contrario. Por ejemplo, el Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Vivas (PP), ha dicho que no se sumará a la red porque “esta ya es la ciudad más solidaria de España, de Europa, del mundo y de todo”.

En general, los políticos del PP han optado por ponerse a disposición del Gobierno de Mariano Rajoy, entre ellos, los alcaldes de Málaga, Francisco de la Torre; de Cáceres, Elena Nevado del Campo; de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, entre otros. El Ayuntamiento de Cáceres, por ejemplo, ha dicho expresamente que no se adherirá a la red de ciudades refugio, pero se ha puesto a disposición de los Gobiernos central y el autonómico para “lo que ellos decidan”.

El alcalde de Santander y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Íñigo de la Serna (PP), ha afirmado que no apoya la creación de una red de ciudades de acogida, pero se ha ofrecido a coordinar desde la institución, “en colaboración estrecha con el Gobierno, la respuesta del municipalismo a la crisis migratoria”. La federación es parte de la comisión interministerial que ha anunciado el Ejecutivo en el Consejo de Ministros.

La Generalitat Valenciana, gobernada por el PSOE y Compromís, ha anunciado este viernes que la comunidad dispone de 300 plazas para atender a los refugiados en su red pública de albergues. La Xunta de Galicia, a cargo de Alberto Núñez Feijóo (PP), ya había expresado que su comunidad está “en disposición” de acoger a 300 refugiados sirios “sin ningún inconveniente”, cifra que, en todo caso, podría ampliarse si familias y grupos sociales también ofrecen refugio.

Los Gobiernos de Aragón, Asturias, Baleares, Castilla – La Mancha, Extremadura, a cargo de los socialistas; Canarias, de Coalición Canaria; Cantabria, de PRC; Navarra, de Geroa Bai, y País Vasco, de PNV, también están dispuestos a acoger a refugiados y algunos ya trabajan en coordinación con los Ayuntamientos de sus regiones.

Castilla y León, La Rioja y Murcia, comunidades gobernadas por el PP, se han mostrado dispuestas a sumarse, pero como parte de una estrategia coordinada con al Gobierno central. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se ha pronunciado en la misma línea que sus compañeros del PP: que los planes tienen que ser coordinados por el Gobierno central. De hecho, Cifuentes ha calificado de “terrible” la “demagogia” que “algunos están queriendo hacer” con los refugiados porque la búsqueda de soluciones corresponde al Estado español y a la Unión Europea.