Tras Alemania, la presión ciudadana ha obligado a España y Reino Unido a aceptar más refugiados. En el caso español, iniciativas como la creación de una red de ciudades que se ofrecen a recoger a asilados han llevado a Mariano Rajoy a decir que se atenderá “a todas las personas que tengan derecho al asilo y lo soliciten”. El primer ministro británico, David Cameron, también ha accedido a acoger en su país a “varios miles” de refugiados, pero no a los que ya han llegado en oleadas a Europa, sino a los que están en campos de refugiados en los países cercanos a Siria, para evitar que se hagan peligrosas y a veces mortales en el Mediterráneo y se vean sometidos a las mafias que trafican con la tragedia.

La movilización social, de autonomías y de los principales Ayuntamientos —que han secundado la iniciativa de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de crear una red de ciudades – refugio— ha llevado al Gobierno a reaccionar ante la crisis migratoria. El Consejo de Ministros ha acordado este viernes crear una comisión interministerial y convocar la Conferencia Sectorial de Migración, en la que están representadas las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias

El Gobierno español había contemplado hasta ahora con distancia la actual crisis migratoria. La llegada masiva de refugiados se producía muy lejos de sus costas, en Italia o Grecia, y la comparación le permitía incluso hacer bandera del éxito de su política de cooperación con los países del África noroccidental, que ha reducido al mínimo la entrada de inmigrantes ilegales por esta frontera de Europa. Las imágenes del cadáver de Aylan, el niño sirio ahogado en las playas de Turquía, se ha colado, sin embargo, en los hogares españoles, y ha despertado una ola de solidaridad que ha pillado al Gobierno con el pie cambiado y regateando el cupo de refugiados que le reclamaba la Comisión Europea.

Este viernes, el Gobierno ha intentado recuperar la iniciativa. Tras el Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció la creación de una comisión interministerial, presidida por ella misma, que se encargará de coordinar las acciones de siete departamentos: Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad y Servicios Sociales, Justicia y Educación. Una comisión similar, presidida por la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, la creó el Gobierno de Zapatero para afrontar la crisis de los cayucos que llegaban a Canarias, en 2006.

Además, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, convocará la semana próxima la Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que están representadas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Sáenz de Santamaría reconoció que la convocatoria de la conferencia había venido motivada por la iniciativa de Ayuntamientos y comunidades autónomas de ofrecerse para acoger refugiados. “Este es un asunto en el que todas las Administraciones tenemos que trabajar coordinadamente, porque no es un problema de hoy ni de mañana, sino que vamos a tener que gestionarlo en el corto y medio plazo. Lo que vamos a hacer es poner en común las capacidades que tenemos todas y cada una de las Administraciones. Esta tiene que ser una política de Estado”.

También el presidente Mariano Rajoy se refirió, en su comparecencia con el primer ministro británico, David Cameron, a la iniciativa de Colau. Tras calificarla de “loable”, advirtió de la necesidad de “ordenar este proceso” e “ir todos juntos”.

Lo que no revelaron ni Rajoy ni Santamaría es cuántos refugiados está dispuesta a acoger España. El presidente alegó que la Comisión Europea no ha presentado aún formalmente su propuesta de repartir entre los Estados miembros 120.000 nuevos refugiados llegados a Italia, Grecia y Hungría, que se sumarían a los 40.000 que propuso antes del verano. “No sabemos a cuántas personas tenemos que acoger”, admitió Rajoy. Uno de los objetivos de la comisión interministerial será precisamente preparar la oferta española para la reunión de ministros de Justicia e Interior de la UE, prevista para el día 14. Lo único claro es que la cifra de 2.739 refugiados que ofreció el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha sido rebasada por los acontecimientos y deberá revisarse al alza.

Sobre todo, porque Rajoy tuvo que admitir ayer una obviedad: que todas las personas con derecho al asilo deben ser acogidas. Es una “obligación moral”, como él dijo, pero también legal, de acuerdo con los convenios internacionales. “Europa no puede renunciar a dar asilo a aquellas personas que tengan derecho al mismo. España va a tener una postura constructiva y positiva y a todas las personas que tengan derecho a asilo se les va a atender y colaboraremos a ello con la Unión Europea”, proclamó. España recibe muy pocas solicitudes de asilo (5.615 en 2014), pero la cifra se ha triplicado en lo que va de año, según Rajoy.