El Gobierno canario pondrá en tres meses el tiempo mínimo de empadronamiento para que los inmigrantes irregulares vuelvan a tener acceso pleno a la sanidad. Además, en la orden que publicará «lo antes posible» también se recoge que accederán en igualdad de condiciones a la prestación farmacéutica.

Canarias sigue insistiendo en que al Ministerio de Sanidad «no le queda otra» que derogar el Real Decreto Ley 16/2012 que puso fin a la sanidad en España porque «las comunidades autónomas tienen propuestas más avanzadas». En esta línea, la Consejería de Sanidad adelantó ayer a las organizaciones que conforman la Coalición por el Derecho a la Salud que dará atención sanitaria plena a los inmigrantes en situación irregular que lleven empadronados tres meses el Estado propone seis, «un periodo suficiente como para considerar que el solicitante está establecido en un lugar», explicó el director general de Salud Pública, Ricardo Redondas.

Además, la Coalición por el Derecho a la Salud planteó en la reunión que mantuvieron ayer en la Consejería de Sanidad que  los inmigrantes irregulares tengan acceso a los tratamientos farmacéuticos de manera equiparable a los desempleados sin prestación ni subsidio, indicó Osman Hamed – Fontanilla, portavoz de Amnistía Internacional (AI), algo que el departamento que dirige Jesús Morera ya contempla y que, según Ricardo Redondas,  se incorporará a la orden que se publicará «lo antes posible» y que permitirá que los  inmigrantes sin papeles «acceder en condiciones de igualdad» al sistema de prestaciones sanitarias.

Redondas explicó en este sentido que están «viendo la mejor forma» de que el acceso de los sin papeles a la prestación farmacéutica sea la misma para el resto de la población vulnerable: que paguen un 40% del precio de los fármacos y un 10%, hasta un máximo de 4 euros, en los considerados de aportación reducida.

Tanto el Gobierno como las ONG que conforman la Coalición por el Derecho a la Salud salieron satisfechas del encuentro de ayer y las primeras, además, esperanzadas con el compromiso de Sanidad de seguir la estela de las comunidades que han devuelto la sanidad universal a los inmigrantes irregulares.