Cuando se produzca la llegada de inmigrantes a España dentro del reparto de cuotas que marque la Unión Europea para hacer frente a la avalancha migratoria que sacude las fronteras comunitarias, las instituciones no se encontrarán ante un caso habitual de emigración. Tal y como se marcan las directrices internacionales, la situación será muy diferente, puesto que el estatuto de refugiado que se está aplicando a la práctica totalidad de los huidos de Siria concede al ciudadano de otro país una serie de ventajas adicionales con respecto a la emigración económica.

En España, uno de los beneficios más directos a los que accede un refugiado es que puede disponer de la ciudadanía española en cinco años, y no en los diez que están estipulados para un inmigrante normal. El estatuto de refugiado, además, le permite acogerse a políticas de extensión familiar, lo que implica que las mismas condiciones beneficiosas se aplican a padres e hijos, así como al cónyuge o pareja incluso a miembros de la familia, en función de las circunstancias. Una vez que se dispone de esa categoría, un ciudadano de otro país también recibe automáticamente una autorización de residencia y trabajo permanente, y no una de carácter temporal, como le ocurre a otro tipo de emigrantes. También reciben un DNI y todos los documentos necesarios de viajes (pasaporte). Por circunstancias obvias, tampoco pueden ser deportados a su país en caso de que se pretenda expulsarles.

Las medidas de protección afectan también a todos los servicios sociales a los que pueda acceder un español. Un refugiado, en este sentido, puede entrar en las listas del Inem (de Lanbide en el País Vasco). De forma automática recibe educación, asistencia sanitaria o social, y, por ejemplo, dispone de los mismos derechos que un nacional al acogerse a las medidas de protección en los casos de violencia de género y los programas que se crean para defender a las víctimas de este tipo de delitos. También tiene derecho a recibir formación continua y ocupacional, así como a utilizar la ayuda al retorno voluntario, que permite capitalizar el paro para regresar a su país.

2.400 millones

En el caso de España, hay dos figuras que conceden este tipo de derechos. Además de la del asilo existe el estatuto de persona con protección subsidiaria. Esta última se creó para poder dar protección a aquellos extranjeros que no cumplen las condiciones de un refugiado, puesto que no tienen una amenaza personal y directa-un requisito necesario- pero sí están sometidos a una amenaza genérica por las condiciones de guerra u otro tipo de violencia que se vive en su país. En el caso de los huidos de Siria, esta es la figura que más se está empleando para reconocer su estatus especial. Otra de las fórmulas existentes que se emplea en España para recibir a personas beneficiarias del asilo político es la del reasentamiento. Se aplica a aquellos refugiados que se encuentra asilados en países con una situación conflictiva, por ejemplo ante una crisis económica, por lo que son reenviados a un tercer país. España ya ha acogido a 130 sirios en aplicación de esta medida.

Europa financia con 6.000 euros anuales por refugiado a cada país que se hace cargo de los extracomunitarios que necesitan protección
El pasado mes de agosto, cuando ya se comenzaba a vislumbrar la avalancha de huidos que llegaba a las fronteras, Bruselas comenzó a destinar fondos a los países europeos para poder hacer frente a los compromisos que implica acoger a refugiados. Desde hace años, los países que aceptan refugiados por primera vez reciben un apoyo financiero del Fondo Europeo para los Refugiados que consiste en 6.000 euros por persona reubicada el primer año, 5.000 el segundo año y 4.000 euros los años siguientes. La cuantía, sin embargo, no cubre el total de las ayudas que recibe un refugiado puesto que, por ejemplo, sólo las ayudas de vivienda a las que pueden tener derecho alcanzan los 2.400 euros.

Las dimensiones de la avalancha migratoria están poniendo en cuestión estas subvenciones. En agosto, la UE destinó un fondo de 2.400 millones de euros para llevar a cabo programas cuatrianuales de ayuda ante la crisis migratoria. A España le correspondieron 522 millones, una cifra superior a la de un país como Grecia uno de los que está padeciendo la presión en sus fronteras y al que llegaron 474 millones. Este reparto provocó la inmediata queja de países como Hungría, al que asignaron 61 millones, pese a que su territorio está desbordado por la llegada de cientos de miles de emigrantes. “La Unión Europea distribuye los fondos de una forma humillantes y favorece a los viejos miembros”, protestó un miembro del Gobierno magiar.