Tres noticias o declaraciones del mismo día: 1) El presidente del Gobierno español reclama a la Unión Europea un plan conjunto para resolver el drama de los refugiados. 2) El ministro de Asuntos Exteriores insiste: para establecer un número de acogidos es preciso tener en cuenta las posibilidades de encontrar empleo en cada país y España no está en buenas condiciones. Y 3) La adhesión de municipios y regiones a la idea de acoger refugiados en hogares privados se extiende rápidamente: si el martes era una iniciativa de Barcelona, el jueves más de una veintena de corporaciones hacían suyo ese proyecto. La Xunta cifra en trescientas las personas que Galicia puede recibir.

Expuestas así las informaciones, ¿cuál es el ámbito de solución para el drama humanitario que ya tiene ese símbolo del niño ahogado en el Egeo? ¿Se afronta de acuerdo con el criterio general de la Unión Europea o se deja a la disposición solidaria de cada país? Y algo más complicado todavía: ¿la última palabra la tienen los gobiernos nacionales o la dicen gobiernos locales? Entre una decisión de tanta altura como la de 28 jefes de Estado y de Gobierno y la próxima y local de más de cien mil municipios (ocho mil solo en España) hay una enorme diferencia: la diferencia de la frialdad de los gobernantes comunitarios y el calor y la pasión de quienes quieren hacer de su localidad una tierra de acogida. Los grandes gobernantes quieren un arreglo de categoría de Estado, los pequeños se mueven por sentimientos.

Los conmovidos por esa imagen del niño que parecía un muñeco roto y abandonado propugnamos: déjese fluir la solidaridad de los pueblos; si hay familias dispuestas a recibir a un refugiado en su casa, no puede haber ningún argumento para impedirlo. Pero, ay, los técnicos de los Estados tienen otra forma de mirar. Todavía no la expresaron, pero se ve venir: esas familias solidarias necesitarán ayudas oficiales o terminarán pidiéndolas, y los ministros de Finanzas no las tienen previstas; las acogidas tendrán que hacerse por un tiempo determinado, y eso habrá que regularlo con alguna ley, como se regula la adopción de niños o el alquiler de viviendas; el Estado no querrá ni podrá prescindir de su monopolio de control de la entrada y salida de extranjeros y se reservará el poder de establecer un tope, de poner filtros por razones de seguridad nacional o de detalles menores como el uso de la Sanidad pública.

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Preparémonos, pues, para asistir a una sugestiva batalla: solidaridad popular contra gran burocracia; sentimientos contra pragmatismo de los gobiernos; brazos y casas abiertas frente a la necesidad de control; mucho tiempo para desbrozar esa maraña. Y los niños siguen muriendo cada día.