pamplona – El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra mostró ayer su rechazo frontal a la propuesta del Ministerio de Sanidad para la dispensación de asistencia sanitaria a inmigrantes, un documento que el director general de Salud, Luis Gabilondo, calificó de “parche electoralista”. La proposición del PP es ofrecer atención sanitaria a los extranjeros irregulares siempre y cuando lleven al menos seis meses empadronados y se encuentren “en situación de vulnerabilidad o exclusión”. Sin embargo, Navarra, junto a otras tantas comunidades autónomas, criticó esta propuesta y defendió la asistencia sanitaria universal como un derecho universal. Algo que garantiza la Ley Foral de asistencia sanitaria gratuita aprobada en 2013 y que, según señaló el departamento, ha permitido emitir más de 2.500 tarjetas sanitarias a inmigrantes y otros colectivos a los que el real decreto de 2012 privó del derecho de asistencia.

Técnicos del Ministerio de Sanidad se renunieron ayer con representantes autonómicos y les presentaron un nuevo documento sobre la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular, que modifica parcialmente el remitido semanas atrás. El texto, al que ahora las autonomías tienen 15 días para presentar alegaciones, plantea que el reconocimiento de la prestación tenga carácter social y no propiamente sanitario, pero continúa restringiendo su ámbito de aplicación al territorio de cada CCAA y limita las prestaciones al excluir el derecho de acceso a la cartera de servicios complementarios y suplementarios.

En concreto, el Gobierno del PP propone entregar a los inmigrantes en situación irregular un documento específico que daría acceso a la cartera de servicios básicos de primaria y especializada. Para poder tener acceso a ese documento, que no sería una tarjeta sanitaria, el Ministerio pretende establecer como requisito el carecer de cualquier tipo de cobertura sanitaria pública en España o en un país de origen cuyo derecho se pueda exportar al nuestro; no haber terceros obligados al pago; justificar al menos seis meses de empadronamiento o de residencia efectiva e ininterrumpida en la CCAA, así como acreditar unos recursos económicos anuales inferiores al IPREM.

También restringe el acceso a la prestación pública gratuita a los residentes temporales por estudios, voluntariado o prácticas laborales que estén obligados a contar con un seguro médico propio.

derogar la norma de 2012 En la reunión,el director general de Salud del Gobierno foral, Luis Gabilondo, abogó por la derogación del Real Decreto – Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, al considerar que ha supuesto “un retroceso histórico” a un modelo sanitario “anacrónico” de seguridad social, que vincula el derecho a la asistencia sanitaria a las cotizaciones de aquellos que trabajan.

Navarra no fue la única comunidad en solicitar la derogación de esta norma. Andalucía, Canarias, Valencia y la CAV, entre otras, también reclamaron eliminar una normativa que limitó la atención de los inmigrantes en situación irregular a Urgencias, la atención pediátrica, durante el embarazo, parto y postparto, o en caso de enfermedades infecciosas. Por su parte, Madrid o Castilla y León, gobernadas por el PP, defendieron consensuar un documento único e incluso se mostraron partidarios de modificar el real decreto de 2012.

en navarra, más garantista En Navarra no se llegó a aplicar esta normativa, ya que contó con el rechazo de médicos y personal sanitario. Además, en 2013, el Parlamento foral aprobó la Ley Foral de asistencia sanitaria gratuita que reconoce a todos los residentes en Navarra, incluidos extranjeros y residentes en situación irregular, el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita en condiciones de plena igualdad con el resto de ciudadanos y no exige un período mínimo de residencia.

Aunque la norma foral fue recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, esta institución ha permitido su aplicación a Navarra en tanto se dicte la sentencia definitiva. Por tanto, en la actualidad la norma se encuentra plenamente vigente y, según indicó ayer el departamento de Salud, ha permitido emitir más de 2.500 tarjetas sanitarias mediante este nuevo procedimiento, que se gestiona de manera ágil por mediación de los profesionales de Trabajo Social Sanitario de los propios centros de salud. De esta medida no solo se han beneficiado los inmigrantes en situación irregular, sino que además ha permitido acceder a la tarjeta sanitaria a otros colectivos de nacionalidad española a los que la norma estatal privó del derecho a asistencia.