Si las aguas nunca han transcurrido demasiado mansas por el seno de la Comisión Islámica de España (CIE), el proyecto anunciado por el Gobierno de la Nación de regular por decreto su estructura y representación ante las instituciones no va a contribuir a serenarlas. Por el momento, la Federación Española de Entidades Religiosas Islámica (FEERI), una de las dos entidades que se reparten el poder en la CIE y que preside el murciano de origen marroquí Mounir Benjelloun, ya se ha precipitado a calificar el proyecto como «una injerencia inaceptable» y a convocar una asamblea general en Madrid, para este domingo, con el fin de analizar la cuestión y ofrecer la oportuna respuesta.

Mucho más moderada ha sido hasta el momento la reacción de la mayoritaria Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE), entidad que dirige el español de origen sirio Riay Tatary, quien se reparte a su vez con Benjelloun la representación de la comunidad islámica en España. A Tatary no solo no parece preocuparle en demasía el proyecto, sino que públicamente ha manifestado que «es un mal menor que vendrá a poner algo de orden».

Y es que el principal problema al que se viene enfrentando desde hace unos años el Gobierno respecto de la comunidad musulmana en España – en torno a 1,8 millones de personas, que suponen el 4% de la población española – es que no cuenta con un interlocutor válido. La CIE funciona formalmente como una bicefalia, con dos secretarios generales – Tatary y Benjelloun – que no solo vienen demostrando ser incapaces de articular un discurso uniforme, sino que en muchas cuestiones están abiertamente enfrentados.

Una prueba evidente de ello es lo ocurrido ahora con el proyecto de decreto ley, que no ha sido mal acogido por el primero, pero que ya ha llevado al segundo a descalificarlo duramente y a convocar una asamblea para analizar cómo debe articularse la reacción a esa propuesta.

Un golpe sobre la mesa

El Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través de su ministro de Justicia, Rafael Catalá, parece decidido ahora a dar un golpe sobre la mesa y a acabar con la inoperancia de este órgano de representación de la ‘Umma’ – comunidad islámica – , razón por la cual ha convocado a la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR) el 16 de septiembre para informar de las líneas generales de su plan.

Básicamente, el Gobierno pretende acabar con las dos secretarías generales y crear la figura del presidente de la Comisión Islámica, que ostentará la representación de los musulmanes en España y que será el único interlocutor válido para «dirigir y coordinar» las relaciones de ese colectivo con la Administración.

Según el borrador del decreto ley que se pretende someter a consideración, el presidente de la CIE será elegido por una comisión permanente constituida por 25 representantes de la ‘Umma’ y tendrá amplios poderes para negociar con el Estado.

Un panorama que, al menos sobre el papel, debería estar bastante alejado del que rige en la actualidad en la CIE. Es este un organismo cuya «estructura bicéfala – como se señala en el preámbulo del borrador de la norma legal – , unida a la falta de entendimiento entre ambas federaciones (UCIDE y FEERI), ha impedido a la Comisión Islámica situarse como órgano representativo del islam y como interlocutor eficaz ante el Estado para el seguimiento del Acuerdo de 1992», que confería amplias facultades al colectivo musulmán en España.

Prevención del yihadismo

La necesidad del Gobierno de contar con un interlocutor válido entre quienes profesan la religión islámica en España se ha convertido en una cuestión de trascendental importancia, pues desde hace tiempo hay asuntos ‘vitales’ sobre los que deberían alcanzarse acuerdos: planes de prevención del radicalismo y para la detección de amenazas de corte yihadista, determinación del perfil y designación de los docentes en material de religión islámica, formación de los imanes… Pero la fórmula elegida ahora, mediante un decreto ley, ha despertado ya algunas susceptibilidades.

Frente a la actitud a la vez comprensiva y expectante del representante de la UCIDE, su homólogo de FEERI, el murciano Mounir Benjelloun, ha emitido un comunicado en el que acusa al Ejecutivo de intentar «intervenir de forma autoritaria y de mala manera en los asuntos internos del islam y los musulmanes de España», además de asegurar que el proyecto legal es «un claro atentado contra nuestros derechos y nuestra libertad». Por ello ha llamado a todos los musulmanes a remitir «al Rey Felipe VI y al presidente del Gobierno el rechazo a esta medida unilateral y antidemocrática».