La tragedia humana que tiene lugar a las puertas de la UE conjuga de forma espectacular la profunda imbricación de varios tipos de demanda migratoria; los solicitantes de asilo, huyendo de la descomposición de sus Estados y de las guerras civiles, se suman a los inmigrantes económicos, intentando escapar de la miseria o sencillamente deseosos de vivir más dignamente. Lo novedoso es que los candidatos a la emigración, pertenezcan a la categoría que sea, quieren abrir a toda costa las fronteras de la fortaleza Europa. Esta ofensiva refleja el agotamiento del modelo de gestión migratoria puesto en marcha desde 1985.

Con la adopción de los Acuerdos de Schengen (1985-1990) y su prolongación con los Acuerdos de Dublín (1990-2003), la estrategia comunitaria ha erigido una auténtica barrera de hierro frente a las migraciones externas: cierre de la inmigración laboral para los no comunitarios (compensada con una admisión más flexible de la reagrupación familiar para los inmigrantes instalados legalmente en Europa); reducción drástica de la concesión del estatuto de refugiado y por tanto del derecho de asilo; gestión cuasi militar del control de fronteras; y adopción, en 2003, del principio por el cual el solicitante de asilo no puede interponer su solicitud en el país final de destino sino en el de llegada a Europa.

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Si se observa la reacción tanto de los inmigrantes económicos como de los solicitantes de asilo —es decir, recurso inevitable a la inmigración ilegal, incremento de la reagrupación familiar— ante este vasto muro de seguridad, se puede constatar que la presión migratoria, aunque con el endurecimiento progresivo de las leyes, ha sido mantenida en límites estrechos para la UE.

Pero, en paralelo, poniendo en evidencia el carácter cortoplacista de esas medidas, la demanda migratoria no ha cesado de aumentar en los últimos 30 años. Se ha creído que se podía contener, para siempre jamás, un problema estructural de naturaleza demográfica y geoeconómica únicamente con medidas policiales: ¡esto es lo que hoy explota en plena cara de la Unión! La ofensiva conjunta de los solicitantes de asilo, trabajadores comunitarios provenientes de países pobres de la Unión e inmigrantes económicos no comunitarios quiebra finalmente la muralla del imperio europeo.

Pero más que nunca, y por causa de la crisis, la mayoría de los países europeos clama su rechazo a la acogida de nuevos inmigrantes; algunos no dudan en desestabilizar la situación de los extranjeros ya instalados legalmente para recortar aún más los derechos o expulsarlos; otros limitan la libre circulación de los trabajadores comunitarios, las opiniones públicas se arman contra la amenaza migratoria, mientras que centenares de miles de desesperados piden ayuda a los pies de la fortaleza sin vacilar a la hora de poner su propia seguridad en juego, transformando su búsqueda de una vida mejor en obligación de socorro a personas en peligro. Desbordado por completo, el sistema Schengen-Dublín se raja poco a poco. Es lo que ha reconocido, el 16 de agosto, ante la afluencia de refugiados en Alemania, la canciller Merkel. Así pues, sugiere “revisarlo completamente”. Pero, ¿en qué sentido?

La única manera de limitar la demanda es el aumento significativo de la ayuda al desarrollo

La tendencia desarrollada estos últimos años ha sido la de la renacionalización de las políticas migratorias, reduciendo a su más simple expresión la capacidad común de gestionar estos flujos, aunque sepamos que son continentales. ¿No hemos asistido, por cierto, en relación al asilo, a un lastimoso espectáculo dado recientemente por países de la zona euro —cuyo PIB se encuentra entre los más altos del mundo— rechazando rotundamente acoger a unos cuantos millares de siniestrados?

Esta voluntad de renacionalizar la gestión de flujos, de la que Gran Bretaña ha hecho bandera, es más nefasta que la propia impotencia actual. Y es irrealista, puesto que no tiene en cuenta la complejidad del fenómeno migratorio. Si las políticas de contención de estos últimos 30 años saltan hoy es principalmente porque han llevado a la acumulación de una enorme demanda migratoria insatisfecha sin percatarse que la única manera de limitarla era el aumento significativo de la ayuda al desarrollo en los países no comunitarios a fin de estabilizar in situ las poblaciones. Además, este blindaje de la fortaleza europea se sufre como una cruel relegación a espacios de miseria a millones de personas que viven en las fronteras de la riqueza, mientras que la libertad de circulación aparece hoy día como un derecho fundamental en el mundo. Por último, y es la variable agravante, la voluntad de emigrar se ha redoblado por el crecimiento demográfico, que vuelve prácticamente imposible, especialmente en el África subsahariana, la absorción de las jóvenes generaciones por el mercado de trabajo.

Ahora bien, ningún Estado europeo puede, por sí solo, afrontar estos desafíos. Solo una política común, que tenga en cuenta los tropismos históricos y los intereses económicos de cada Estado concernido, puede aportar soluciones. En caso contrario, la Unión se verá involucrada en una espiral de militarización caótica de sus fronteras.

Sin una política común, la UE entrará en una espiral de militarización caótica de sus fronteras

Es, por tanto, crucial que las instituciones europeas inicien juntas una reflexión que elabore una estrategia solidaria de gestión a largo plazo de las migraciones. Podría llegar a ser una fuente de relegitimación del proyecto europeo. Debería proponer, junto con los permisos de residencia ya existentes en todos los países de la zona euro, la creación de documentos de residencia móviles de los trabajadores, de acuerdo con los países de origen y en función de las necesidades de los países de acogida. Estos documentos no supondrían, automáticamente, el derecho a la reagrupación familiar pero podrían responder, en parte, a la demanda migratoria no satisfecha; desarrollar sobre todo una política europea común de cooperación, articulándola, si es necesario, con las distintas políticas nacionales, con el fin de aumentar la parte del presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos empresariales (comerciales e industriales), medioambientales y agrarios; revisar —necesariamente al alza— el derecho de asilo acordado a los refugiados si quieren evitar más muertes de inocentes; atacar a las mafias de trata de personas con una fuerza de intervención asociada con los países afectados y bajo mandato de la ONU; y reforzar el papel de las asociaciones civiles, de los municipios y de las comunidades en la acogida de los refugiados. Estas líneas de actuación no son exhaustivas; tienen únicamente por finalidad reformar un sistema migratorio demasiado rígido, responsable en parte de las tragedias actuales, y considerar a los inmigrantes no una amenaza de guerra, sino una oportunidad para la Europa del siglo XXI.

Sami Naïr es profesor de Ciencias Políticas. Universidad Internacional de Andalucía. Universidad Pablo de Olavide.