Quince días más para llegar a un borrador del borrador que pretende fijar los términos de la asistencia sanitaria para los inmigrantes en situación irregular. Dos semanas que, a priori, se prevén improductivas por la declaración de intenciones que las comunidades socialistas realizaron al término de una reunión celebrada ayer, tan esperada como poco productiva.

La tan anunciada reunión entre el Ministerio de Sanidad y los representantes autonómicos en la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación, celebrada este miércoles en Madrid, no fue suficiente para llegar a un documento común. Con ella, Sanidad pretendía llegar a un acuerdo para homogeneizar la prestación sanitaria a inmigrantes en situación irregular en todo el territorio español. Consenso que, de momento, no ha sido posible y que no se atisba fácil a corto plazo.

Entre los requisitos fijados y aclarados ayer por el Gobierno para que los sin papeles reciban asistencia sanitaria, tal y como resumió el secretario General del Ministerio de Sanidad, Rubén Moreno, están el que estas personas lleven empadronadas al menos seis meses en España, carecer de cobertura sanitaria por otra vía y que la unidad familiar no perciba más de 532 euros al mes.

A través de un mediador social, se comprobará «la exclusión social» del demandante. Esta figura se encargará de emitir un informe acerca del arraigo social, circunstancias económicas y de residencia social, o un informe acreditativo de las especiales circunstancias que puedan determinar la imposibilidad de aportar la documentación solicitada.

Estos inmigrantes deberán estar en un registro o «base de datos del Sistema Nacional de Salud», tal y como lo definió Moreno, porque «tienen que estar identificados para recopilar su información clínica y evitar duplicidades en las pruebas clínicas». Preguntado por la posibilidad de que la Policía tenga acceso a los datos que figuren en el registro, el secretario General aseguró que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, del Ministerio del Interior, «ni puede acceder [a estos datos] ni pretende hacerlo».

En cuanto al tratamiento farmacológico ambulatorio, el documento establece que el usuario debería abonar el 40% del precio de venta al público de los medicamentos. Esta cantidad será del 10% cuando se trate de fármacos sometidos a aportación reducida de enfermedades crónicas.

Sin embargo, no convenció a la CCAA gobernadas por el PSOE que manifestaron su oposición a llegar a un acuerdo porque su objetivo es volver a una sanidad universal. «Había una situación de atención universal real y jurídicamente avalada antes de la aprobación del Real Decreto 16/2012 que fue el responsable de que se desbaratara la situación y, ahora lo que pretende el Ministerio de Sanidad es que entre las comunidades autónomas arreglemos su desaguisado, pero nosotros lo que mantenemos es que si él lo rompió que él lo arregle y que no cuente con nosotros para parches», aseguró el director general de Programas Asistenciales del Gobierno de Canarias, Bernardo Macías, quien se quejó de que el documento presentado ayer por el Ministerio «es diferente al previsto, lo que habla muy poco del rigor en su forma de actuar, y en él se han incluido cambios sustanciales sobre el texto en el que se venía trabajando en los últimos días».

Por su parte, la consellera de Sanidad de la Generalitat Valenciana, Carmen Montón, afirmó que no van a «aceptar recortes ni mercadeos en un derecho humano básico, como es recibir una atención sanitaria integral». «Le damos al Ministerio 15 días para que derogue el Decreto y zanje de una vez por todas la exclusión sanitaria».

Una oposición que también es frontal en el caso de País Vasco, Andalucía, Navarra y Asturias al reclamar la derogación del Real Decreto, aunque, tal y como señaló el Gobierno vasco, la «rectificación» del Ministerio es «una buena noticia».

Las comunidades gobernadas por el PP, en cambio, no manifestaron su opinión al término de dicha reunión. No obstante, el representante de Madrid en dicha Comisión, Julio Zarco, señaló a su llegada al Ministerio la posibilidad de acortar los plazos de empadronamiento exigidos para que los inmigrantes sin papeles puedan recibir asistencia sanitaria. Además, el consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, insistía antes de la reunión en que la Comunidad de Madrid mantiene una «premisa clara»: dar atención a quienes la necesitan.