Bilbao, Vitoria y San Sebastián debatirán este mes si se convierten en ciudades refugio en respuesta a la crisis migratoria que vive la Unión Europea por la llegada masiva de ciudadanos que huyen de las guerras y del hambre en Siria y otros países en conflicto. Este plan, presentado inicialmente en Barcelona por la alcaldesa Ada Colau y seguido en Madrid por su homóloga Manuela Carmena ambos ayuntamientos están gobernados por coaliciones apoyadas por Podemos, se ha extendido como un reguero de pólvora por toda España y ha llegado también al País Vasco de la mano de formaciones de izquierda. La propuesta tiene un alcance relativo, puesto que la competencia final sobre cuántos inmigrantes acogerá España depende del Gobierno centra, que sólo prevé admitir a 2.739 solicitantes de asilo. Todos los partidos piden una cifra más elevada

En la capital vizcaína, la demanda ha sido trasladada al Pleno municipal por Ganemos y Udalberri, dos fuerzas vinculadas a Podemos. En Vitoria, la iniciativa surge de PSE, Bildu, Sumando-Hemen Gaude e Irabazi. En San Sebastián han sido la izquierda abertzale e Irabazi quienes han llevado el asunto al Consistorio. Por el momento, tan sólo el Ayuntamiento de Eibar se ha erigido en ciudad refugio a propuesta del alcalde, el socialista Manuel de Toyos, que ha contado con el apoyo de todos los partidos con presencia municipal (Bildu, PNV e Irabazi). Los pronunciamientos registrados en las últimas horas suponen de hecho que todo el arco político vasco, excepto el PP que por ahora guarda silencio, se ha sumado a acoger a más refugiados que los previstos por la Administración central.

No obstante, el alcance de una declaración de este tipo es relativo puesto que la competencia final se encuentra en manos del Gobierno de Mariano Rajoy, que es quien legalmente declara si un ciudadano que pide asilo se puede acoger o no a esta medida. Una vez que recibe esta calificación tiene derecho a los mismos servicios sociales que un ciudadano nacional. En el País Vasco, ello supondría que de forma automática podría acceder a todas las prestaciones, incluida la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), ayudas de vivienda o sanidad gratuita. En este sentido, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ya recordó ayer que las instituciones vascas “están actuando correctamente” en materia de migración y puso como ejemplo una serie de prestaciones como las políticas de apoyo a menores extranjeros no acompañados (los denominados ‘menas’) en manos de las diputaciones o el turno especial de Justicia gratuita que el Gobierno vasco pone a disposición de los inmigrantes. Una llegada de asilados, si se declarasen ciudades refugio, no significaría aplicar nuevas medidas sino dotar de mas fondos a las ya existentes. El portavoz del Ejecutivo autónomo si que declaró en este sentido que “Euskadi seguirá siendo abierta y solidaria”.

Podemos, con Merkel

Erkoreka, sin embargo, arremetió en su intervención contra la política de cupos que está defendiendo el Gobierno de España y aseguró que no se puede negociar la cantidad de demandas de asilo “como si se tratase de un fardo incómodo”. En este sentido, todas las propuestas remitidas a los ayuntamientos vascos lo que piden es que el Ejecutivo del PP abra la mano a su política de migración y acoja a más inmigrantes. La paradoja de esta iniciativa es que partidos como Podemos respaldan en la práctica a la canciller alemana Angela Merkel hasta ahora su ‘bestia negra’ por las políticas de austeridad, ya que ha sido ella quien ha solicitado a todos los países europeos que aumenten su disposición a acoger refugiados en su suelo y sean más generosos.

Conseguir un cambio de postura es complicado. Mariano Rajoy ya ha afirmado que España acogerá a 2.793 solicitantes de asilo y ha puesto condiciones para aceptar un aumento de inmigrantes, como reclama Merkel. El presidente español, en este sentido, lo que exige es que la estimación de cuántos emigrantes pueden llegar a un país se realice en un función de Producto Interior Bruto, la cifra de desempleo o la presión migratoria. También ha solicitado que Italia y Grecia pongan en funcionamiento centros de acogida y que se diseñe una normativa global de inmigración.