El Ministerio de Sanidad ha ultimado una propuesta para que las comunidades consensuen la manera de prestar servicios sanitarios a las personas sin papeles. Según el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, su objetivo es acordar una estrategia común que permita garantizar la atención a los que lo necesitan y, simultáneamente, evitar una sanción de Europa. El plan incluye la elaboración de un registro nacional de las personas que accedan a estas prestaciones al que no podrá acceder la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (que depende de Interior).

«Lo que se plantea es que estas personas estén incorporadas en una base de datos a nivel nacional, que tengan que estar identificados», ha asegurado Moreno tras una reunión de la Comisión de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud. «Pero la motivación es poder tener registrada una historia clínica individual que permita llevar un seguimiento médico y farmacológico». Esta base de datos, ha recalcado, no tiene que compartirse con el Ministerio del Interior. «Ni pueden ni quieren acceder a ella. La hacemos a efectos de calidad de la atención a los pacientes».

Además, desde el Ministerio han actualizado algunas de las premisas de su propuesta de pacto entre las autonomías. Ahora plantean que la atención sanitaria se conceda a todas aquellas personas que hayan cumplido al menos seis meses de empadronamiento, frente al planteamiento anterior de un año. En cualquier caso, Moreno reconoció que este punto, y casi todos los demás, son competencia de las comunidades, por lo que tampoco tienen previsto actuar si alguien cambia estos parámetros. Cataluña, por ejemplo, ya lo hace a partir de los tres meses.

La única condición irrenunciable del Ministerio es la de cerciorarse de que las personas en situación irregular en el país no tendrán acceso a un documento –una tarjeta o equivalente– que les permita recibir atención sanitaria en otros países europeos. Hacerlo, insistió Moreno, daría pie a la Comisión Europea a sancionar a España. «Lo único que queremos es que se puedan prestar estos servicios de forma armónica en todas partes. Si alguien quiere establecer tres meses en vez de seis, o de un año, puede hacerlo», ha aclarado el secretario general de Sanidad. «El problema no es tratar inmigrantes, sino su abordaje».

Para resolver el entuerto, desde Sanidad reclaman a las comunidades que presten la atención sanitaria a los sin papeles como una prestación social, y no incorporándolos al grupo de asegurados o beneficiarios. «Tenemos que vehiculizar la asistencia de esta manera, y además haciendo una valoración individual del estado de exclusión», ha apuntado Moreno. Es decir, los ‘sin papeles’ deberán demostrar que no disponen de recursos para costearse un seguro médico antes de poder acceder a la sanidad. «Queremos que se dé asistencia a todos pero evitando que quien tiene recursos pueda acogerse a este programa», ha afirmado.

Tras la presentación de la propuesta, el Ministerio ha dado dos semanas a las comunidades autónomas para que formulen sus críticas y sugerencias para, pasada esa fecha, tratar de alcanzar un consenso entre todas. De momento, las regiones con ejecutivos socialistas han reclamado la derogación del real decreto 16/2012 –que fue el que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares– y negociar a partir de ahí. Haya o no haya pacto, prácticamente todas ya habían encontrado la fórmula para no dejar desasistidas a estas personas.