A dos semanas del cierre de la frontera de Venezuela con Colombia por parte del presidente Nicolás Maduro, los colombianos siguen huyendo del país vecino. Ya son 12.000 los colombianos que han cruzado la frontera: al menos 1.764 deportados y 10.000 retornados, según las cifras que dio el coordinador de Naciones Unidas (ONU) en Colombia, Fabrizio Hochschild, cuando visitó los albergues instalados por el Gobierno para recibir a sus compatriotas.

Héctor Escobar es uno de ellos. Logró cruzar este mismo lunes, junto a su esposa y sus dos hijos, de siete y nueve años. Tuvieron que cruzar el río y caminar por senderos para evitar la extorsión de la guardia venezolana, que les pedía 3.000 bolívares para dejarlos pasar. «Era toda una extorsión, les teníamos que pagar y nos amenazaban con quitarnos las cosas; decían que teníamos que esperar hasta la noche para cruzar», explica Héctor, todavía con las cuatro mochilas junto a él. Se habían mudado hacía tres meses al pueblo venezolano de Capacho, a menos de 30 kilómetros del puente internacional.

Cuando el Gobierno venezolano decretó las deportaciones, el dueño de la casa que alquilaron les empezó a molestar; luego vinieron las amenazas de los guardias. Así que este pasado fin de semana decidieron que no aguantaban. Dejaron ahí los muebles que habían comprado, esperando poderlos recuperar pronto. «Vivíamos muy tensionados. Todo lo que era ley, gobierno, policía, guardia, tenían mucho ‘‘desprestigio’’ con los colombianos. El que nos arrendaba a nosotros nos dijo que nos teníamos que ir porque si no le iban a tumbar la casa a él, y los guardias también nos amenazaron», explica Héctor, apesadumbrado. Su esposa, en cambio, está feliz. Para ella, volver a pisar suelo colombiano después de dos semanas de angustia es una alegría. «No sabes los nervios, el miedo y la adrenalina de cruzar por esas trochas (caminos de tierra), donde no sabes si te van a aparecer los boinas rojas (Guardia venezolana) a robarte o a dispararte», espeta ella. Ahora esperan que el Gobierno los ayude. El presidente Juan Manuel Santos prometió el sábado reubicar a todas las familias y darles un subsidio económico para el alquiler. La ONU le dio un espaldarazo.

«Trataremos de evitar que esto tenga un mayor impacto y resolverlo lo antes posible. Tomaremos medidas para asegurar la integridad de los niños y niñas que están aquí, asegurar que haya cosas que hacer para los jóvenes y que no caigan en la tentación de acabar en la ilegalidad. Hay necesidad de buscar soluciones a medida de cada familia: reunificación, trabajo…», aseguró Hochschild en su visita. También se comprometió a que la ONU recibirá las denuncias de malos tratos y vulneraciones a los derechos humanos relativas a las deportaciones. Entre los deportados hay al menos 266 niños y otros 299 menores que dejaron a uno o sus dos padres al otro lado de la frontera.

Las declaraciones de la ONU cobran importancia después del rechazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) de convocar a una cumbre extraordinaria de ministros de Exteriores este viernes que presionara a Venezuela por el cierre de la frontera y las deportaciones masivas. Para conseguirlo se necesitaban los votos a favor de 18 países, pero a Colombia le faltó uno, el de su aliado Panamá, que se abstuvo después de ofrecerse a mediar en una reunión bilateral entre ambos países, como pidió la semana pasada el presidente Nicolás Maduro. Pero Colombia sigue queriendo la mediación internacional. Al conocer la negativa de la OEA, la canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró que pedirá audiencia con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon para tratar el asunto.

La que también se aplazó fue la reunión de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) prevista inicialmente para mañana jueves. Venezuela aceptó debatir el asunto en esta instancia, donde se siente más cómodo –sin la presencia de países como Estados Unidos–, pero Bogotá no tiene muchas expectativas. «Vamos a evaluar si se justifica y si vale la pena ir a Unasur», concluyó la canciller colombiana sobre el tema. Mientras tanto, el Ejecutivo chavista declaró ayer el estado de excepción en otros cuatro municipios fronterizos con Colombia. Ajenos a las discusiones políticas, decenas de colombianos siguen retornando diariamente por senderos y río a través. «No, es que esto hasta que se normalice va pa’ largo», concluye Héctor.