madrid. El Ministerio de Sanidad presentó ayer una propuesta para que las comunidades consensúen la manera de prestar servicios sanitarios a las personas sin papeles. Su objetivo es acordar una estrategia común que permita garantizar una atención parecida a toda persona que viva en España al menos seis meses y, simultáneamente, evitar una sanción de Europa.

El plan incluye la elaboración de un registro nacional de las personas que accedan a estas prestaciones que ha despertado dudas por si esta información iba a utilizarse para identificar inmigrantes e impulsar su deportación. Pero, según el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (el órgano del Ministerios del Interior que gestiona estos asuntos) no podrá acceder al mismo, explicó ayer tras una reunión con las comunidades autónomas. El objetivo es tener una historia clínica de cada paciente.

El Ministerio actualizó algunas de las premisas de su propuesta de acuerdo las autonomías. Ahora contemplan seis meses – de forma continuada e inmediatamente anterior a la solicitud – para acceder al sistema sanitario frente a la exigencia inicial de un año. En cualquier caso, Moreno reconoció que este punto es competencia de las autonomías. La Comunitat, por ejemplo, sólo pide tres meses. El número de beneficiarios ronda los 30.000.

El único requisito irrenunciable de Sanidad es cerciorarse de que las personas en situación irregular no tendrán acceso a una tarjeta o equivalente que les permita recibir atención sanitaria fuera. Hacerlo, insistió Moreno, daría pie a que la Comisión Europea sancionase a España con una multa.