La cita que reunió ayer en Madrid a altos cargos del Ministerio de Sanidad con representantes de los gobiernos autonómicos para «unificar» criterios en la atención a los inmigrantes que residen de forma irregular en el país no traerá novedades a Euskadi. Todo seguirá como hasta ahora. Pese a que el Ejecutivo de Rajoy anunció en la reunión de forma oficial que quiere recuperar parte de los servicios médicos que retiró a los ‘sin papeles’ hace tres años, el consejero vasco de Salud, Jon Darpón, advirtió posteriormente que el territorio no modificará la cobertura que viene ofreciendo hasta ahora, diferente de la que se propone. Pese a reconocer los «avances» de Madrid en la materia, el Ejecutivo autonómico no comparte varias de las condiciones que plantea el ministerio. Por ejemplo, crear un registro de los extranjeros ilegales que necesitan ayuda. «Se ha creado un problema donde no lo había», lamentó Darpón.

Las críticas del consejero vasco se refieren al decreto mediante el que el Gobierno central retiró la asistencia universal a los ‘sin papeles’ en 2012. Desde entonces, solo las embarazadas y los menores de edad de otros países que residen de forma irregular en España tienen derecho a tener médico de cabecera y pedir citas con especialistas de la sanidad pública. Cantabria, Baleares, Andalucía, Aragón, Valencia… durante los últimos meses, tras las elecciones que han descabalgado al PP de varias presidencias regionales, muchas comunidades han ido oponiéndose a la norma estatal y ofreciendo atención a los extranjeros, pero la primera de todas fue Euskadi.

Hace tres años ya anunció que les iba a seguir entregando la Tarjeta Individual Sanitaria (TIS) y que no haría distingos siempre que los ‘sin papeles’ acreditasen al menos un año de empadronamiento y unos ingresos máximos que no superen la Renta de Garantía de Ingresos. Con las regiones rebelándose contra el ‘veto’ a los irregulares, incluida Madrid, el gran bastión popular, el Gobierno central ha decidido ahora dar marcha atrás y recuperar la cobertura sanitaria «con matices».

Esos matices son los que se expusieron ayer a debate en la Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno central se niega a recuperar la situación de antaño porque cree que sería reabrir la puerta al turismo sanitario, que en 2011 le supuso al país una factura de mil millones de euros; por eso plantea a las comunidades que no entreguen la TIS a los extranjeros, sino un documento alternativo que podrán presentar en el médico junto al pasaporte. Eso, si el beneficiario demuestra que no dispone de recursos económicos y que no tiene ingresos superiores a la denominada renta mínima (532 euros mensuales).

Dos frentes autonómicos

Además de reiterar la idea de que los ‘sin papeles’ que quieran cobertura sanitaria deben apuntarse en un registro que la mayoría de las comunidades rechazan por «discriminatorio», la principal novedad que dejó la reunión de ayer es que el Gobierno central reduce el plazo mínimo de empadronamiento que planteaba para los irregulares de un año a 6 meses. «Nos gustaría que fuera el mismo periodo en todo el país, pero si las regiones quieren reducirlo más aún están en su derecho», señaló el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno.

A la salida, los representantes autonómicos dieron dos versiones sobre el encuentro. Mientras las regiones gobernadas por el PP aplaudieron las propuestas «de criterios mínimos» que puso sobre la mesa el Ministerio de Sanidad, el frente que lideran las autonomías socialistas, y entre las que también se incluye Cantabria, pidieron la derogación del decreto de 2012 que ha originado el desencuentro. Esa es la tesis también del Departamento de Salud vasco, cuyos portavoces, además de subrayar que no aceptan la puesta en marcha de un censo específico de inmigrantes, reiteraron mediante un comunicado que Osakidetza «seguirá garantizando una atención sanitaria digna a cualquier persona sea cual sea su procedencia». Pese a calificar como «buena noticia» la «rectificación» del ministerio, Lakua asegura que no tocará su sistema.