Madrid no da marcha atrás en su idea de crear un registro de inmigrantes sin papeles previo a devolverles la asistencia sanitaria, aunque suaviza los «condiciones mínimas» de acceso a todas las prestaciones. Doce de las 17 comunidades, incluida Canarias, también rechazan la nueva propuesta.

Canarias y otras once de las 17 comunidades autónomas rechazaron ayer la nueva propuesta del Ministerio de Sanidad para incluir a los inmigrantes sin permiso de residencia en el sistema sanitario español y exigieron el retorno a la sanidad universal. El Ministerio mantiene la necesidad de crear un registro, aunque rebaja de los «requisitos mínimos» para que las comunidades den prestaciones completas a los irregulares, como que lleven al menos 6 meses empadronados y se encuentren «en situación de vulnerabilidad o exclusión». Además, el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, garantizó que el Ministerio del Interior no tendrá acceso a los datos de quienes soliciten esta atención y se registren en la base de datos del Sistema Nacional de Salud.

El director general de Programas Asistenciales del Gobierno canario, Bernardo Macías,  aseguro sentirse sorprendido porque el documento que les presentaron fuera «diferente al previsto, lo que habla mucho – dijo – del poco rigor de su forma de actuar». En ese nuevo documento, que las comunidades tienen 15 días para analizar y presentar propuestas, se incluyen «cambios sustanciales sobre el texto en el que se venía trabajando, pero en lo esencial su propuesta es la misma que ha mantenido las últimas semanas, pero con la variante de que ahora está tratando de documentar jurídicamente y reforzar esa postura».

«La mayoría de las comunidades ya les hemos replicado que eso no va a servir para nada y que no vamos a cambiar de opinión en 15 días, por lo tanto, no tiene sentido que este asunto se vuelva a traer a este foro sino que, en todo caso, se eleve al Consejo Interterritorial y que sean los consejeros los que tomen la decisión política», sentenció.

El nuevo borrador que el Ministerio recoge que para la asistencia sanitaria a los extranjeros sin permiso de residencia ni autorizados como residentes o con residencia efectiva y sin recursos económicos, los inmigrante deben llevar al menos seis meses empadronado, tener unos ingresos inferiores a 532 euros y justificar, mediante un mediador asistencial, su vulnerabilidad socioeconómica. La atención sólo podrán recibirla en la comunidad en que estén empadronados. La idea en la que insiste el Ministerio es que hay que ofrecer una atención sanitaria «homogénea» en toda España.

La mayor novedad es que, a diferencia de lo defendido días atrás por el ministro, Alfonso Alonso, el secretario general de Sanidad decía ayer que la propuesta del Ministerio son «meras recomendaciones» y que cada Comunidad puede poner los requisitos que considere, como, por ejemplo, rebajar de el tiempo máximo de empadronamiento para tener derecho a asistencia.