Las Palmas de Gran Canaria, 2 sep (EFE). – El Gobierno de Canarias ha solicitado hoy al Ministerio de Sanidad que derogue el real decreto de 2012 que retiró la tarjeta pública de salud a los inmigrantes irregulares y se ha opuesto a sus planes para crear un sistema específico para atender a los “sin papeles”.

El director general de Programas Asistenciales de la Consejería de Sanidad de Canarias, Bernardo Macías, ha asistido hoy en Madrid a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Sistema Nacional de Salud, en la que 12 de las 17 comunidades autónomas se han declarado en contra de la propuesta del Ministerio.

“El Ministerio nos ha presentado hoy un documento diferente al previsto, lo que habla muy poco rigor su forma de actuar, y en él se han incluido cambios sustanciales sobre el texto en el que se venía trabajando en los últimos días”, asegura Macías, en un comunicado.

El director general de Programas Asistenciales precisa, que en lo esencial, la propuesta del Gobierno central sigue siendo la misma, “pero con la variante de que ahora está tratando de documentar jurídicamente y reforzar esa postura”

“Sin embargo, la mayoría de las comunidades ya les hemos replicado que eso no va a servir para nada y que nosotros no vamos a cambiar de opinión en 15 días. Por lo tanto, no tiene sentido que este asunto se vuelva a traer a este foro sino que, en todo caso, se eleve al Consejo Interterritorial y que sean los consejeros los que tomen la decisión política”, añade.

El director general de Programas Asistenciales del Gobierno canario recalca que, hasta hace tres años, “había una situación de atención universal real y jurídicamente avalada”.

“Lo que ahora pretende el Ministerio de Sanidad es que entre las comunidades autónomas arreglemos su desaguisado, pero nosotros mantenemos que, si él lo rompió, que él lo arregle y que no cuente con nosotros para parches”, apunta.

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Durante la reunión el grueso de las comunidades autónomas, incluida Canarias, mantuvieron que los ciudadanos, por derecho universal, tienen derecho a la salud y por lo tanto atención sanitaria y que para ello el primer paso debe ser la derogación de la actual norma vigente.<

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Cabe recordar que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias continúa adelante con los trámites para garantizar la atención sanitaria a las personas que residen en las islas con la máxima seguridad jurídica. <