El Gobierno de Navarra ha rechazado hoy en un comunicado la propuesta del Ministerio de Sanidad para dar asistencia a los inmigrantes irregulares, que ha calificado de “parche electoralista”, y ha adelantado que continuará aplicando la norma foral, que es menos restrictiva.

El Ministerio de Sanidad ha explicado hoy en Madrid a las comunidades autónomas su plan de asistencia, que propone que las autonomías exijan al menos seis meses de presencia efectiva en una región para que un inmigrante irregular pueda acceder a los servicios sanitarios, al tiempo que ha garantizado que Interior no podrá acceder a la base de datos de los que reciban esa atención.

En la reunión ha participado en representación de Navarra el director general de Salud, Luis Gabilondo, quien en un comunicado destaca que la propuesta ministerial “trata de que el reconocimiento de la prestación tenga carácter social y no propiamente sanitario”.

El Gobierno foral entiende que la propuesta de Sanidad “continúa restringiendo su ámbito de aplicación al territorio de cada comunidad autónoma y limita las prestaciones, ya que se excluye el derecho de acceso a la cartera de servicios complementarios y suplementarios”.

El Departamento navarro de Salud puntualiza que la Comunidad Foral cuenta desde 2013 con una legislación propia “más garantista” que la propuesta por el Gobierno central, pues reconoce la atención sanitaria “como un derecho universal”.

Esa ley foral, señala la nota, reconoce a todos los residentes en la Comunidad Foral, incluidos extranjeros y residentes en situación irregular, el derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita “en condiciones de plena igualdad con el resto de ciudadanos y no exige un período mínimo de residencia”.

El Gobierno foral recuerda que, si bien la norma ha sido recurrida por el Estado ante el Tribunal Constitucional, esta institución ha permitido su aplicación en Navarra hasta que se dicte la sentencia definitiva.

La norma, destaca el Ejecutivo foral, se encuentra plenamente vigente y ha permitido emitir más de 2.500 tarjetas sanitarias.

“De esta medida – concluye el comunicado – no solo se han beneficiado los inmigrantes en situación irregular, sino que además ha permitido acceder a la tarjeta sanitaria a otros colectivos de nacionalidad española a los que la norma estatal privó del derecho a asistencia”.