VÍCTOR MONDELO BARCELONA
El Govern hará de la crisis migratoria
un nuevo frente de conflicto
con el Ejecutivo central. La vicepresidenta
de la Generalitat,
Neus Munté, avisó ayer al Gobierno
de que le presionará para
que amplíe la atención a los refugiados
sirios.
El próximo 9 de septiembre está
prevista una cumbre entre la
ministra de Empleo, Fátima Báñez,
y los directores generales de
inmigración de todas las Comunidades
Autónomas, y la intención
del Govern es acudir a la cita con
un argumentario crítico con las limitaciones
a la acogida de inmigrantes
que contempla el Gobierno.
Cataluña pretende erigirse en
garante de que los refugiados de
la guerra siria serán atendidos
convenientemente y exigirá al Ministerio
que destine los «recursos
necesarios» para hacerlo posible.
Munté manifestó ayer la predisposición
de la Generalitat a contribuir
en la acogida de refugiados,
para lo que, aseguró, la Administración
catalana ya prepara
un plan. Pero precisó que la viabilidad
de la acción del Govern dependerá
de los fondos que el Ejecutivo
central decida transferir a
las comunidades autónomas para
ofrecer asilo a los inmigrantes.
La vicepresidenta de la Generalitat
criticó ayer el intento de Mariano
Rajoy por rebajar las cuotas
de acogida propuestas por la
Unión Europeas y que, por el momento,
se traduciría en la llegada
de 2.739 refugiados al Estado. El
Govern mantiene su predisposición
a aceptar el «máximo número
de refugiados posible», pero ayer
Munté evitó cifrar la capacidad de
acogida catalana hasta conocer los
recursos estatales con los que contará
la Generalitat para poder hacer
frente a los gastos generados
de la acción humanitaria.
El Govern mueve ficha después
de que el Ayuntamiento de Barcelona
se declarara dispuesta a absorber
parte del flujo migratorio
que en las últimas semanas
irrumpe en europa a través de los
Balcanes.
Ayer el gobierno de la capital
catalana anunció la creación de
un registro de familias dispuestas
a acoger refugiados o a contribuir
a su manutención. La alcaldesa,
Ada Colau, reiteró su voluntad
de convertir a Barcelona
en una «ciudad refugio». Pero
también en este caso vinculó la
alcaldesa el éxito de su iniciativa
a los recursos que el Estado decida
transferir al Consistorio para
atender las necesidades básicas
de los acogidos.
El gobierno barcelonés reunió
ayer a miembros de ONG de reconocido
prestigio como ACNUR o
Cruz Roja y anunció que duplicará
la financiación –alcanzando los
200.000 euros– el servicio municipal
de atención a inmigrantes y
refugiados.
Precisamente ayer, el líder del
PP en el Ayuntamiento de la capital
catalana, Alberto Fernández,
criticó la falta de subvenciones
para ayudar a países en situación
de emergencia. «Sus palabras
van por una parte y los hechos
por otra», aseveró el popular, antes
de exigir concreción a Colau.
Fernández precisó que está de
acuerdo con que Barcelona «sea
una ciudad acogedora», para después
añadir que «Barcelona no
puede resolver sola los problemas
del mundo» y pedir a la alcadesa
que no se exceda en sus
competencias.
Más cercano a la postura del
gobierno de Colau se mostró por
una vez el grupo municipal Ciutadans.
Su portavoz, Paco Sierra,
aplaudió que Barcelona se convierta
en «punta de lanza y referente
en derechos sociales» y se
sumó a las reclamaciones del aejecutivo
municipal. Mantuvo Sierra
que «es necesario que las instituciones
europeas y estatales
doten de medios» al Consistorio
para atender a los refugiados sirios,
porque los recursos actuales
son «irrisorios».