Euskadi no limitará la asistencia sanitaria a los inmigrantes ni aceptará la creación anunciada por el actual ministro Alfonso Alonso con el mismo espíritu fiscalizador que ha caracterizado en los últimos meses a su discípulo Javier Maroto de un registro en el que deberían inscribirse los extranjeros en situación irregular que necesiten ser tratados por la Salud pública. Así de tajante se mostró la pasada semana el consejero vasco Jon Darpón. Es preciso recordar que la decisión de retirar el acceso a la asistencia sanitaria a las personas que se encuentran sin papeles en el Estado español fue una decisión que el Gobierno de Mariano Rajoy impuso en 2012 con el argumento de reducir el gasto público. Ya entonces, el Gobierno vasco se opuso a esta exclusión por considerar que la respuesta a los problemas de salud de cualquier persona no puede estar condicionada ni por su origen ni por su situación legal. El Gobierno central ha buscado durante tres años limitar la capacidad de acción de la Sanidad vasca en este asunto, aunque sin lograrlo, hasta que a falta de cuatro meses para las próximas elecciones generales ha optado por dar marcha atrás. Es difícil aceptar que el auténtico motivo que ha movido al Gobierno Rajoy tenga que ver con argumentos estrictamente económicos. El PP ha mantenido en todas las instituciones que ha gobernado ya sean el Ejecutivo central, los ayuntamientos de Vitoria o Badalona, la comunidad de Madrid o la Diputación alavesa una actitud beligerante en todas aquellas cuestiones relacionadas con la integración de inmigrantes extranjeros que llegan en busca de trabajo, una vida mejor o asilo. Primero fueron las restricciones de la asistencia sanitaria, luego de las ayudas de asistencia social como la RGI en ambos casos con los peligrosos y falaces argumentos del efecto llamada o del manido primero los de aquí y en los últimos meses ha sido la negativa del Gobierno Rajoy a adoptar ningún compromiso para que España acoja y conceda asilo a una parte de los cientos de miles de personas que vagan por el Mediterráneo y los países europeos colindantes huyendo de los conflictos bélicos que asolan una parte del mundo. Es cierto que la llegada masiva de extranjeros requiere una regulación, pero no es de recibo que los gobernantes eludan su responsabilidad y menos que azucen la xenofobia.