La canciller Merkel se reunió ayer durante cuatro horas y media ininterrumpidas con la directiva de su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), para perfilar una serie de medidas que la gran coalición de Gobierno pueda acordar con los Bundesländer en una conferencia extraordinaria este mismo mes de septiembre, una especie de gran paquete nacional que permita gestionar de forma más eficiente la llegada de los 800.000 refugiados que Alemania recibirá hasta final de año.

El esfuerzo económico, burocrático y político que está exigiendo a la Administración alemana será considerable. «Lo conseguiremos y si encontramos obstáculos en el camino los superaremos», arengó la canciller en la rueda de prensa posterior, en la que también dejó claro que Alemania no está dispuesta a cargar con toda la responsabilidad de esta crisis. «Ahora bien, si no conseguimos una distribución equitativa de los refugiados [entre todos los países europeos], entonces habrá quien quiera que la cuestión de Schengen vuelva a la agenda. No es eso lo que queremos. Lo que queremos es un reparto de los refugiados y así no tendremos que revisar Schengen», amenazó.

Varios países europeos no cumplen las cuotas propuestas por Bruselas antes del verano. Especialmente la actitud de Reino Unido y varios países del Este causa irritación en Berlín, cuyo Gobierno negocia con varios socios una estrategia europea común que garantice el reparto. Este es el contexto en el que Merkel, apenas terminaba la rueda de prensa, se subía al helicóptero para llegar a tiempo a recibir a Mariano Rajoy en el castillo de Messeberg, donde durante dos días se celebra la bilateral España-Alemania.

En cuanto se pusieron cómodos y comenzaron su caminata de seis kilómetros alrededor del lago que rodea el castillo, fue evidente que ambos están de acuerdo en que es necesaria una «estrategia europea», en que hay que tomar «decisiones rápidas» y que la crisis requiere una «gestión urgente». La canciller comparaba incluso lo que está viviendo Europa con los efectos de una catástrofe natural.

El Gobierno español también está de acuerdo en que todos los países europeos deberían asumir su parte de responsabilidad en la gestión de los refugiados, pero pondría reparos a un aumento de la cuota asignada a España. Eso es al menos los que se deduce de las palabras de la número dos del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien afirmaba ayer en una entrevista radiofónica que España, «a diferencia de otros estados miembros de la UE, hace un esfuerzo muy grande» en la acogida de inmigrantes que llegan a las costas, una «presión migratoria» que va en aumento y en un momento en que el país está «saturado».

Preguntada por la cuota de refugiados que España estaría dispuesta a asumir, la vicepresidenta señalaba que hará un «esfuerzo similar» al que ha propuesto Polonia con una cifra de en torno a 2.000 personas, de las que 1.300 serán reubicadas desde otros países europeos frente a los 3.614 propuestos por Bruselas. No obstante, señaló que el sistema de cuotas de refugiados es una solución «puntual» y no «global». Advirtió que Europa no puede actuar «a golpe de demanda» ante un problema que «puede perdurar en el tiempo». A su juicio, es necesario incidir en «cooperación» para poder actuar en origen.

Merkel por su parte desearía fijar cuotas vinculantes y ya ha pactado previamente con Francia que el reparto tenga en cuenta el volumen de población de cada país y su fortaleza económica. Eso fue lo que expuso anoche, durante la cena oficial en Messeberg, a la delegación española. Según fuentes diplomáticas, hubo un clima de «entendimiento en todo lo básico».

Quizá en la reunión que mantendrán hoy los dos jefes de Gobierno en la cancillería de Berlín sirva para concretar un poco más sobre las medidas de lucha contra los traficantes de personas y sobre los términos del fondo fiduciario para países africanos de origen de los refugiados, que según medios de comunicación alemanes podría ascender a 1.000 millones de euros.

Quizá lleguen a hablar de la necesidad de separar refugiados políticos de inmigrantes ilegales por motivos económicos, una cuestión que el gobierno de Berlín tiene en mente pero que, por su delicadeza, será difícil de articular. Y Rajoy deberá avanzar hasta qué punto está dispuesto a seguir a la canciller alemana en el pulso en el que se pone en juego el Tratado Schengen. «El principio de libertad de movimientos es un gran logro europeo y no debería darse un retroceso», reconoció ayer Merkel, pero no dudó en reafirmarse en que, si no hay un reparto equitativo de los refugiados, Schengen está en peligro.

Rajoy juega un inesperado papel clave en esta negociación, debido a que el viernes se reúne con Cameron en Madrid y tendrá oportunidad de tantear hasta qué punto Reino Unido seguirá mirando hacia otro lado mientras miles de refugiados emprenden a diario un incierto viaje al centro de Europa, viaje que más de la mitad de ellos, según las estimaciones de Merkel, deberán hacer de vuelta, ya que no cumplen los requisitos de asilo.

El calendario político sitúa además sobre Rajoy una presión electoral añadida que le obligará a ser muy precavido. Merkel, sin embargo, espera pasos definidos que trasciendan lo meramente sentimental y que queden fijados en normativas vigentes, que es como le gustan a ella las cosas. Está decidida a poner la crisis bajo control a base de un marco legal europeo por encima del drama. Cuando ayer le preguntaron si no había sentido compasión por Reem, la niña palestina que desea estudiar en Alemania y que lloró al saber que su familia sería repatriada, Merkel respondió que «vivimos en un Estado de Derecho y no puede ser que la situación jurídica de una persona cambie por una conversación con la canciller. Hay unas normas y deben cumplirse. Y está bien que sea así».