Los nuevos consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas ya tienen en sus mesas el borrador que sus antecesores discutieron y aprobaron el 14 de julio en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Ese mismo documento, sobre cómo devolver a los inmigrantes ilegales al Sistema Nacional de Salud (SNS) es el que volverán a debatir el próximo miércoles en el mismo lugar. Será en la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial de Salud y se augura que el resultado no será el mismo que hace casi cuarenta días. Las regiones que cambiaron de color político el 24 de mayo ya han anunciado que restituirán todos los derechos sanitarios que se cercenaron con el real decreto 16/2012.

El nuevo texto ministerial rechaza que se les devuelva la tarjeta sanitaria del resto de usuarios del SNS – tal y como anunció a finales de marzo Alfonso Alonso – pero les concede un documento casi idéntico para que tengan acceso a «la cartera común básica de servicios y a la prestación farmacéutica que de ella se derive en las mismas condiciones que los usuarios del Sistema Nacional de Salud», según señala el documento. «Queda, por tanto, a criterio del correspondiente facultativo que atienda al paciente utilizar la técnica que considere que es más conveniente para cada caso y sobre la que disponga la práctica y experiencia que le permita llevar a cabo de una forma adecuada», explica el borrador, donde también se aclara que «en el ámbito de la atención primaria, incluye la realización de métodos diagnósticos, preventivos y terapéuticos de las enfermedades según la pauta establecida por el médico».

Este documento tendrá ciertas limitaciones territoriales y temporales. Solo valdrá en la comunidad autónoma donde se expida – en los centros de salud o las oficinas que cada comunidad decida – y por una validez de un año. Para solicitarla, los inmigrantes ilegales deberán ser mayores de edad, carecer de cualquier tipo de cobertura sanitaria, estar empadronado de forma ininterrumpida desde hace un año y no disponer de recursos económicos suficientes, lo que «se acreditará en la forma que se determine en cada comunidad».

Ahorro

Una decisión que las ONG y médicos consideran que lo único que va a conseguir es complicar un poco más el día a día sanitario. «¿Para qué hacer un documento nuevo si vas a dar acceso a casi todo? Solo va a servir para burocratizar más y exigirá un trabajo extra en los centros cuando entendemos que hay una forma más sencilla que es la devolución de la tarjeta», apuntó Sagrario Martín, presidenta de Médicos del Mundo. En el mismo sentido se pronunció María Fernández, vicepresidenta de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). «No se puede permitir que haya diferentes atenciones. En Madrid se está haciendo de una manera y en Cataluña hay propuestas de volver a excluirlos», comentó la doctora Fernández. Porque si algo ha traído la aplicación del polémico real decreto es mucha confusión.