El Gobierno canario rechaza el proyecto del Ministerio de Sanidad del PP de crear un registro de inmigrantes irregulares para reintegrarles en el sistema de salud pública, porque “va por detrás de la realidad” y “criminalizaría a un colectivo ya de por sí vulnerable”, según recalcó ayer.

El Ejecutivo canario, que conforman CC y PSOE, mantiene su propósito de devolver las tarjetas sanitarias retiradas en 2012 a los “sin papeles” pese al proyecto dado a conocer el martes por el Ministerio que, desde su punto de vista, “aumentaría las condiciones de desigualdad” entre usuarios del sistema, según el director general de Salud Pública, Ricardo Redondas (PSOE).

Este representante sostiene que “son muchos los inconvenientes que crearía” la propuesta del Gobierno central, porque “no solo establecería diferencias entre ciudadanos de primera, con tarjeta sanitaria, y de segunda, sin ella”, sino que también incrementaría las dificultades y los costes de devolver la asistencia sanitaria a los inmigrantes. Según recalca, habría que crear el registro propuesto para controlar a esas personas, destinando personal e infraestructura para ese fin, así como desarrollar otro tipo de documento que acreditara su derecho a recibir atención médica distinto a la tarjeta habitual, lo que aumentaría el gasto público y los plazos.